CIUDAD DE MÉXICO.- Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), de la Secretaría de Gobernación del gobierno de México, desde el 1 de diciembre de 2006 (fecha de inicio del sexenio del expresidente Felipe Calderón, durante el cual se desató la llamada “Guerra contra el Narcotráfico”) hasta el pasado 2 de septiembre se contabilizaron en todo el país 68 mil 020 personas desaparecidas; de ellas, 51 mil 717 son hombres, 16 mil 044 mujeres y 259, cuyo sexo se desconoce, están clasificadas como “indeterminadas”.
En lo que va del presente sexenio, que arrancó el 1 de diciembre de 2018, el número de personas desaparecidas es de 19 mil 160, de las cuales 14 mil 519 son hombres, 4 mil 497 mujeres y 144 “indeterminadas”.
Ahora bien, no podemos olvidar que detrás de estos datos duros están las vidas rotas de un conjunto de personas muchísimo más grande, conformado por los familiares de todas y cada una de las víctimas de desapariciones forzadas.
“Por si fuera poco, al ser toleradas, las desapariciones forzadas de personas también afectan a la sociedad en su conjunto porque socavan las bases del Estado democrático de derecho. Con ellas, el pacto social de convivencia pacífica se quiebra y, por consiguiente, todos nos sumimos en la incertidumbre”, agrega Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la UNAM.
Impunidad
En la década de los años 70 del siglo XX, durante lo que se conoció como la “Guerra Sucia”, en lugar de detener y presentar ante un juez a integrantes de diversos movimientos sociales acusados de cometer actos ilícitos, el Estado mexicano optó por desaparecerlos, con lo cual los privó, entre otras cosas, del derecho a la presunción de su inocencia.
“En la mayoría de los casos, esa manera de actuar no tuvo como objetivo la aplicación de la ley a quienes supuestamente la habían infringido. Lo peor de todo es que la ruta por la que atravesó ese periodo fue la de la impunidad”, comenta González Pérez.
En nuestros días, si bien es cierto que el crimen organizado ha llevado a cabo innumerables desapariciones forzadas de personas a lo largo y ancho del país, en no pocas han intervenido, directa o indirectamente, autoridades y servidores públicos.
“En efecto, no se puede negar que en muchas de ellas ha habido algún grado de aquiescencia o participación activa de autoridades y servidores públicos. Ahí tenemos el caso de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero, en 2014”, indica el funcionario universitario.
Búsqueda
La UNAM, fiel a su compromiso con la sociedad mexicana, ha planteado propuestas para hacerle frente a este flagelo. Fue así como en 2011, en colaboración con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, organizó la “Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia”, a partir de la cual se elaboró el documento “Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia”, con 36 propuestas muy puntuales de política pública dirigidas a las autoridades de los tres niveles de gobierno del país (en 2018 se realizó la segunda edición de esta conferencia, en la que se abordó el tema de los derechos humanos).
“Asimismo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el PUDH se vinculan con las diferentes entidades académicas de la UNAM para articular las investigaciones relacionadas con la desaparición forzada de personas (algunas de las cuales incluyen la identificación forense) y fomentar la creación de espacios de discusión sobre la violación de los derechos humanos. Y por lo que se refiere sólo al PUDH, también interactúa con algunas autoridades”.
En opinión de González Pérez, el Estado mexicano tiene que brindar a los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas todo tipo de apoyos.
“La propia Ley General de Víctimas establece un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas. Las autoridades federales están haciendo esfuerzos considerables al respecto, pero es necesaria una buena articulación con las entidades federativas para armonizar esta tarea. Las víctimas y sus familiares deben ser el eje de actuación de las instancias de procuración de justicia. Y las fiscalías tienen que fortalecer su capacidad de ubicar y fincar responsabilidades a los culpables. Por eso me parece importante atender los estándares internacionales”, añade.
Inadmisibles
Una buena noticia es que, desde octubre del año pasado, el gobierno mexicano reconoce la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, por lo cual ya atiende sus recomendaciones, comentarios y observaciones, y acepta que reciba y examine las comunicaciones presentadas por personas que se encuentran bajo su jurisdicción o en nombre de ellas.
“México se resistía a que dicho comité recibiera y examinara comunicaciones individuales, pero esto ya es posible. O sea, ahora contamos con instancias no sólo nacionales, sino también internacionales, para atender casos de personas desaparecidas”, apunta el funcionario universitario.
Cabe recordar que, en 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada del luchador social Rosendo Radilla, perpetrada por militares en Guerrero en 1974, y emitió, entre otras, la resolución de que tenía que actualizar su tipificación penal. Esto finalmente sucedió en 2017, con las reformas y adiciones a la Ley General de Víctimas.
En suma, es imperioso que el Estado mexicano fortalezca su capacidad para localizar e identificar a las personas desaparecidas y que los ciudadanos reflexionemos sobre el dolor, la desesperanza y la angustia que experimentan tanto ellas como sus familiares, y tomemos en cuenta la revictimización de que son objeto.
“Las desapariciones de personas son inadmisibles, pero cuando suceden también es inadmisible, reitero, que el Estado sea incapaz de, por un lado, identificar el paradero de las víctimas y, por el otro, de fincar responsabilidades a quienes las perpetraron y aplicarles la ley”, finaliza el funcionario universitario.
Madres de desaparecidos
En su legítima exigencia de que se descubra el paradero de sus familiares, se haga justicia, se repare el daño y se garantice la no repetición, las madres de una gran cantidad de desaparecidos coadyuvan en su búsqueda.
“Pero el Estado, en sus tres niveles de gobierno, no puede renunciar a su capacidad investigativa y dejar dicha tarea en manos de esas valerosas mujeres”, afirma González Pérez.
