La Fiscalía General de la República (FGR) falló en su primer intento por fincar un desvío de recursos en la Estafa Maestra.
Un juez federal resolvió no vincular a proceso a dos directivos de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH) por un presunto peculado de más de 186 millones de pesos, derivado de convenios suscritos con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en 2015.
Eligio Valdenegro Gamboa, juez del Centro de Justicia Penal Federal de Cintalapa, Chiapas, determinó que no hay elementos para procesar por este delito a Rafael Zozaya Nucamendi, director de Recursos Materiales e Infraestructura, y Rigoberto Jiménez Jonapa, secretario administrativo, ambos de la UPCH.
Según informes del Poder Judicial de la Federación, el juez consideró que no existe esa conducta delictiva y que, de haberla, sería un fraude y no un peculado, sin embargo, no reclasificó el ilícito porque eran necesarios otros datos del hecho denunciado.
La Fiscalía imputó que, a través de cuatro convenios específicos firmados en octubre de 2015 por la Sedatu con la UPCH, fueron desviados 186 millones 113 mil 374 pesos.
La obligación de la UPCH era entregar a la Secretaría un análisis de zonas económicamente exclusivas y diagnósticos de ordenamiento territorial y asentamientos de Puerto Chiapas; municipios de Michoacán y Guerrero, colindantes con Lázaro Cárdenas y del Corredor Interoceánico, en el Istmo de Tehuantepec.
La Universidad subcontrató los servicios por adjudicación directa con la empresa Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C., por 81 millones 642 mil 800 pesos, que no los habría entregado.
La UPCH, agrega la imputación, se quedó con los otros 104 millones de pesos y compró una solución tecnológica denominada Big Data y dos camionetas.
A diferencia del resto de los casos de la llamada Estafa Maestra, este es el primero donde la Fiscalía imputó el delito de peculado, es decir, el desvío de los recursos del erario.
Según la información recabada, la defensa de los imputados cuestionó la metodología de la ASF para afirmar que los entregables eran falsos o fabricados, así como la confiabilidad de las cédulas de auditoría, para concluir que no puede demostrarse la falsedad o la obtención de internet de los documentos con los que se acreditó que los servicios fueron prestados.
En una audiencia que inició el lunes a las 14:30 horas y concluyó pasadas las 1:00 horas de ayer, el juzgador consideró que Zozaya y Jiménez no tenían la disposición de los recursos, además de que la existencia de las actas de finiquito recibidas por la Sedatu establecen que hubo recepción de entregables.
El juez Valdenegro desestimó también las declaraciones de José Antolino Orozco Martínez, ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional; Marcos Salvador Ibarra Infante, ex director general de Coordinación de Delegaciones, testigos colaboradores de la FGR.
La razón es que ambos afirmaron no reconocer los contratos que supuestamente fueron empleados para el desvío, no obstante que existen certificados en archivos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la propia Sedatu, indicaron las fuentes consultadas.
La FGR ahora tiene dos opciones, apelar el fallo del juez Valdenegro o reformular su investigación y presentar de nueva cuenta la imputación por el delito de fraude.
Este es apenas el tercer caso judicial de la Estafa Maestra en el que se determina no vincular a proceso a los imputados.
Antes, los únicos que habían librado el procesamiento fueron Francisco Báez Álvarez, ex director de Programación y Presupuesto de la Sedatu, y Pedro Simón de León Mojarro, ex coordinador de Delegaciones de la Sedesol, por las supuestas contrataciones indebidas de 124 y 185 millones de pesos, respectivamente.
