La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado (SEFIRC), que tiene dentro de sus atribuciones el promover una política de integridad en la Administración Pública Estatal, participó en un proyecto para la implementación del Programa de Consolidación Pública (CEP), con el fin de incorporar y aplicar una nueva estrategia de acción que procure un cambio paulatino en la actuación de los servidores públicos.
Dicha participación la realizó mediante un esquema de colaboración con la Asociación Internacional de Administración de Ciudades México/Latinoamérica (ICMA-ML).
Cabe señalar que el modelo CEP cuenta con el auspicio de la Agencia para el Desarrollo Internacional del Pueblo de los Estados Unidos (USAID) y que tiene como fin crear formalmente una estructura e instrumentos que establezcan un medio promotor de conductas deseadas, al tiempo que inhiben y eliminan, en medida de lo posible, aquellas conductas inadecuadas que merman la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
Como resultado de las acciones realizadas, el Programa CEP, a través del Director de ICMA México-Latinoamérica, hizo entrega de reconocimiento a la SEFIRC por el firme compromiso en la implementación de dicho programa, que viene a complementar los esfuerzos del Sistema Estatal Anticorrupción, y focaliza su intervención en la consolidación interna y el fortalecimiento de la ética pública para la integridad institucional a través de la promoción, formación y entrenamiento de las personas servidoras públicas en las conductas correctas.
Al respecto, la SEFIRC señaló que el compromiso de las estrategias que promueven la ética pública, aunado a los esfuerzos del Sistema Anticorrupción, elevan la probabilidad de incidir en la reducción de las conductas no deseadas, donde es fundamental el liderazgo de quienes se encuentran al frente de las dependencias y entidades que conforman la Administración Pública Estatal.
Dentro de los compromisos del Gobierno del Estado en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, se incluye como uno de los principales ejes la Integridad y Buen Gobierno, conscientes de que el combate a los actos que conducen a la corrupción involucra el convencimiento pleno sobre el buen actuar y la existencia de un entorno favorable que premia el buen comportamiento.
