Por José Buendía Hegewisch
La reforma eléctrica se apaga
La reforma eléctrica de López Obrador se alza como el mayor choque de realidad para la 4T, porque le apuesta a su popularidad como buque insignia de su gobierno. Su plan, sin embargo, se apaga por los vetos en EU, los votos del PRI en el Congreso y el amago de demandas de empresas privadas en cortes internacionales. Tiene así por delante la más dura confrontación para probar, en los hechos, que corren —como dice— nuevos tiempos de una “nueva realidad política” con suficiente fuerza para vencer al poder de la realidad económica que se opone a su iniciativa.
Desde la aprobación de la ley eléctrica, en marzo pasado, López Obrador se dijo dispuesto a enfrentar a las compañías privadas de energía para regresar el sector a manos del Estado y apuntalar su proyecto de transformación: revertir la reforma energética de Peña Nieto, que, en 2013, abrió el sector a la inversión privada luego de 70 años. La sangre no tuvo que llegar al río porque la Corte la suspendió por cientos de amparos y recursos legales, pero, lejos de recular, elevó la apuesta con un cambio constitucional que desactive las demandas. En su decisión de no dar “ni un paso atrás” ahora la afectación puede ocasionar una baja del flujo sanguíneo en el cuerpo de la 4T y resultar en un fuerte traumatismo para su principal bandera de cambio de régimen sobre el rescate de la soberanía nacional.
Pero su reforma pierde luz. Esta semana recibió tres avisos de poderosas resistencias a su aprobación en el Congreso. El primero, la expresión de “serias preocupaciones” del embajador de EU, Ken Salazar, en una primera declaración de la Casa Blanca con tono diplomático, pero de veto y respaldo a los empresarios eléctricos. La oposición de su principal socio comercial en el T-MEC abrió las costuras para ver el forcejeo de poder si se limita la participación privada o la cancelación de permisos para generar electricidad. Su postura refleja el reclamo de las cámaras de comercio y legisladores estadunidenses de dar una respuesta “clara y oportuna” a la reforma e interceder por las empresas que han invertido en el sector en México.
La contestación fue mesurada a través de Ebrard al pedirle a EU conocer la iniciativa antes de fijar postura. No obstante, el plan acusó un frenazo con el anuncio de “patear” la reforma hasta 2022, por no contar con los 57 votos del PRI para aprobarla. Su enfriamiento generó nuevamente una defensa retórica e ideológica desde la “nueva realidad política” a la que apela López Obrador y que significa la mayoría de Morena y su llamado a la movilización en las calles, como en la expropiación petrolera. La acusación contra empresas abusivas que estuvieron a punto de “quebrar a la CFE” —como reclamó— se agudizará con la agitación de las banderas de lucha por la reforma, aunque la “nueva realidad económica” que persigue la 4T se aleja del horizonte del sexenio.
A las advertencias hay que sumar la de los empresarios de abrir litigios internacionales por la cancelación de contratos. Éste es un terreno al que el gobierno no quiere llegar por la escasa posibilidad de ganar y enfrentar demandas millonarias. El golpe de realismo de los votos y los vetos son duros disuasivos para lograr retomar el control absoluto de la industria eléctrica sin negociar y hacer concesiones, aunque el Presidente insista en que los empresarios, el PRI o EU deban entender que en México son “otros tiempos” políticos.
Ante los avisos de colisión, el Presidente responde con un doble mensaje. Por un lado, mantiene la carga discursiva contra el “caos y el desorden” de la reforma privatizadora de Peña Nieto para evitar defraudar a sus bases por el “apagón” de su iniciativa y, por otro, abre la alternativa de acotar su alcance a la revisión de contratos como ocurrió con las empresas concesionarias de gasoductos, aunque no sea la solución de fondo que busca. Podría tener razón el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, cuando dice que la agenda de reformas constitucionales de la 4T ya está satisfecha, aunque el Presidente y Morena, desde su “realidad política”, agiten la reforma eléctrica en las calles o en las conferencias mañaneras, mientras en las tardes se sienten a negociar con otra realidad, la de la industria.
