La Iglesia católica de Francia venderá «bienes» de sus diócesis o recurrirá a un préstamo para indemnizar a las víctimas de pederastia, descartando en principio las donaciones de los fieles, anunció este lunes el presidente de la Conferencia Episcopal.
Los obispos se comprometieron a «nutrir» el fondo de indemnización de las víctimas «desprendiéndose de los bienes inmuebles de la Conferencia Episcopal de Francia y de las diócesis», dijo su presidente Éric de Moulins-Beaufort.
La Conferencia de Obispos tuvo su reunión anual un mes después de que se publicara un reporte de abuso sexual infantil a gran escala en la Iglesia católica francesa.
El estudio publicado por una comisión independiente estima que unos 330 mil menores fueron sexualmente abusados a lo largo de 70 años por sacerdotes y otras figuras relacionadas con la iglesia.
«Sentimos repulsión y horror en nuestro interior cuando caímos en la cuenta de la cantidad de sufrimiento que muchas personas tuvieron que experimentar y todavía experimentan», dijo Moulins-Beaufort.
Otra de las decisiones adoptadas es encargar a la jurista francesa Marie Derain de Vaucresson, ex defensora de menores, la constitución de una instancia nacional independiente de reconocimiento y reparación, que se encargará de instruir las demandas.
Moulins-Beaufort no proporcionó detalles sobre el monto de la compensación ni cómo pretende pagar la iglesia.
El reporte publicado el mes pasado describe el encubrimiento «sistemático» de abusos por parte de la Iglesia católica y exhortó a la iglesia a respetar la ley en Francia.
Agregó que la cantidad de 330 mil víctimas incluye un estimado de 216 mil personas abusadas por sacerdotes y otros clérigos, y el resto por figuras eclesiásticas como líderes de Scout y orientadores de campamentos. Esos cálculos se basan en la investigación más extensa del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de Francia sobre abuso sexual en menores en el país.
Francia es un país tradicionalmente católico, pero se adhiere a una forma estricta de laicidad en la vida pública basada en una ley del 1905 de separación de Iglesia y Estado.
