Una magistrada federal canceló el trámite de un amparo que promovió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para tratar de que Gerardo Sosa Castelán sea vinculado a proceso por una presunta defraudación fiscal de 7 millones 792 mil 441 pesos, del ejercicio 2017.
Martha Estréver Escamilla, titular del Tercer Tribunal Unitario Penal del Estado de México, sentenció que Hacienda no puede promover amparos para que una persona sea procesada, porque el probable delito fiscal no afecta directamente su patrimonio, regla básica para recurrir a este recurso legal.
«Que la citada persona moral oficial tenga reconocido el carácter (de víctima u ofendido), únicamente le permite constituirse como parte en el proceso penal de origen, más no le otorga la legitimación necesaria para acudir al juicio de amparo, pues lo único que le otorga interés suficiente para ello es que no actúe en funciones de autoridad sino como personas morales de derecho privado y en defensa de sus intereses patrimoniales, lo que no se encuentra acreditado», señaló.
Los 7.7 millones de pesos que le atribuyen haber defraudado al fisco por concepto de impuesto sobre la renta en 2017, corresponden a la divergencia que existe entre los 2 millones 666 mil 48 pesos que reportó en su declaración fiscal y los 24 millones 987 mil 499 pesos en depósitos registrados en sus cuentas.
Para la Procuraduría Fiscal de la Federación, dependiente de la SHCP, los depósitos son ingresos acumulables que en su mayoría no fueron declarados y las contribuciones derivadas de ellos tampoco fueron pagadas en su totalidad en declaraciones complementarias.
El 3 de febrero pasado un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Hidalgo decidió no vincular a proceso por el delito de defraudación fiscal equiparable al ex presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), al estimar que la FGR no presentó los elementos suficientes.
La defensa de Sosa expuso que la mayoría de los depósitos no eran ingresos y que algunos eran préstamos.
La Fiscalía apeló el fallo, pero el 21 de abril el magistrado del Tribunal Unitario de Circuito en Pachuca confirmó la no vinculación a proceso. Es contra esta última decisión que Luis Felipe Gómez Aranda, director de Investigaciones de la PFF, presentó el amparo que ahora le ha sido cancelado por carecer de interés jurídico.
Según informes del Poder Judicial de la Federación, la entidad adscrita a la SHCP ha solicitado la revisión de este fallo a un tribunal colegiado de Toluca, como último recurso para tratar de que el hidalguense sea llevado a proceso por este asunto.
Sosa Castelán fue aprehendido el 31 de agosto en la Ciudad de México y desde entonces se encuentra preso en el Penal Federal del Altiplano.
El único proceso que lo tiene en la cárcel es por los delitos de delincuencia organizada y un lavado de 58 millones 245 mil 948 pesos, una parte con recursos de la UAEH.
La FGR señala en esta investigación que entre 2011 y 2018 la suma mencionada fue depositada por 10 personas relacionadas entre sí a la empresa Contabilidad del Siglo XXI Pachuca S.C. y que los accionistas de ésta realizaron retiros por 48 millones 569 mil 840 pesos.
Sosa Castelán aparece como el principal destinatario de los recursos que recibió Contabilidad del Siglo XXI Pachuca, con 23 millones 567 mil pesos en el mismo periodo.
