Los Gobiernos de Puebla y Tlaxcala destinaron, de 2004 a 2021, 222 millones 478 mil pesos para la construcción y rehabilitación de 60 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) municipales alrededor del río Atoyac y Zahuapan; sin embargo, éstas siguen sin operar.
En esos 17 años, la inversión total de ambas Administraciones estatales ascendió a 524 millones de pesos para las 108 PTAR que se encuentran en la zona, por lo que el 42.5 por ciento de ese gasto se desperdició al invertirse en plantas inservibles.
La investigación realizada para Grupo REFORMA y Connectas constató que de las 60 plantas reportadas fuera de operaciones, 49 siguen en esa condición, 10 están registradas como activas, pero no funcionan, y una más fue dada de baja del inventario.
En 45 documentos de contratos y oficios de transparencia se constató que los 222 millones de pesos, equivalentes a 10 millones 937 mil 966 dólares, fueron utilizados para estudios y obras.
Verónica Mastretta, integrante de la asociación Dale la Cara al Río Atoyac, explicó que pese al apoyo estatal, los Gobiernos municipales son responsables de operar las PTAR porque así lo dicta el artículo 115 de la Constitución federal.
Añadió que los ayuntamientos carecen de un órgano operador de agua, presupuesto y fuentes de ingresos para atender el saneamiento y, además, no hay un plan integral de la Federación y estados al momento de construir estas plantas, las cuales acaban en manos de los municipios.
«La lógica de los estados ha sido simple: ‘bajamos el dinero y construimos plantas; nos deja dinero y le aventamos la papa caliente a los ayuntamientos’. Los municipios decían que sí, firmaban ilusionados hasta que llegaba el primer recibo de luz de la planta hasta de 300 mil pesos (15 mil dólares) o más», señaló.
Las PTAR ubicadas en las localidades de San Rafael Ixtapaluca, Santa Cruz Otlatla, San Miguel Tianguistenco y San Juan Cuauhtémoc, en el Municipio de Tlahuapan; y la de San Lucas El Grande, en El Verde, todas en Puebla, son ejemplo del abandono, pues las instalaciones lucen en ruinas.
Este paquete de PTAR se construyó en los Gobiernos del priista Mario Marín Torres, y del panista Rafael Moreno Valle, con una inversión de 72 millones 847 mil pesos, es decir, 3 millones 224 mil dólares.
Alejandra Méndez, directora del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, afirmó que se ha hecho un negocio de la construcción de las plantas de tratamiento con las que justifican presupuestos.
«Se han invertido millones de pesos y ahí prevalece corrupción. En Tlaxcala reportaron más de 3 millones de pesos en una planta, en San Rafael Tenanyecac, Nativitas, en donde quedaron sólo cuatro paredes; esto te habla de un proceso de corrupción, porque dan como existente una planta, pero tiene nada más cuatro paredes», criticó.
Ello es grave, consideró Méndez, porque se trata de una política pública que se repite: la constante es la construcción de plantas y su no operación.
El Gobierno de Tlaxcala gastó 20 millones de pesos (983 mil dólares) en la rehabilitación de la PTAR de Panotla. Al recorrer ese lugar, se observó que las instalaciones están recién pintadas y limpias, pero sin ningún tipo de funcionamiento.
La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), dependencia tlaxcalteca, otorgó un contrato de 55 millones de pesos (2 millones 700 mil dólares) para la PTAR intermunicipal, en Nativitas, y aunque se ejecutó la obra, tampoco funciona.
El problema no sólo es de tipo presupuestal, también es ambiental, ya que 15 se encuentran en zona de manantiales -en ambos estados- en los que comienzan a correr aguas negras; y de salud, porque aumenta la carga contaminante a los ríos Atoyac y Zahuapan.
