Líderes sindicales que se han eternizado en sus cargos en México están posponiendo su validación, pese a que la nueva ley laboral, en el marco del T-MEC, los obliga a democratizar su permanencia antes de abril de 2023.
Hasta ahora, la Secretaría del Trabajo poco o nada ha podido hacer para cumplir la encomienda presidencial de que los trabajadores elijan al líder gremial sin presiones, intimidaciones o sin estatutos a modo.
El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) tiene vacante la Secretaría General desde la renuncia de Carlos Romero Deschamps, en octubre de 2019. El dirigente estuvo 26 años en el cargo.
A dos años de su separación, el liderazgo interino lo tiene Manuel Limón, ex tesorero de Romero Deschamps. El gremio petrolero ha sido renuente a renovar con voto a su dirigencia, aun con los llamados del Presidente Andrés Manuel López Obrador a la Secretaría del Trabajo para democratizar el sindicato.
El Mandatario aseguró en junio pasado que primero serían las elecciones en el sindicato y después la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, lo que no ocurrió.
Ayer iniciaron elecciones en secciones sindicales, pero fueron dominadas por los grupos de Romero Deschamps.
En el sindicato de ferrocarrileros, las elecciones para elegir a un nuevo dirigente también están pendientes. Su actual líder, Víctor Flores, lleva más de 26 años en el cargo y disidentes advierten que tiene amarrada su dirigencia, debido a candados en los estatutos. En 2018, Flores fue reelecto para encabezar el sindicato hasta 2024.
Pero aun los sindicatos que ya han cumplido el proceso de validación, mantienen a viejos líderes. Martín Esparza, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), fue reelecto por cinco años más en pleno semáforo rojo, en elecciones del 30 de junio al 7 de julio de 2020. Su mandato concluye en 2025, con lo que cumpliría 20 años ininterrumpidos en el cargo.
Roberto Bravo, abogado laborista, recordó que el Tratado de Comercio entre México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, obligaron a México a modificar la Ley General del Trabajo para democratizar a los sindicatos.
«Esto quiere decir que debe haber una votación de los trabajadores en donde ellos digan si aceptan o no a sus dirigentes actuales», explicó.
«La Ley General del Trabajo dice que aquellos contratos o líderes que no se hayan legitimado después de cuatro años de haber entrado en vigor (1 de mayo de 2019), motivará que todo contrato sea nulo y los dirigentes también serán declarados inválidos», refirió.
Aunque hay un plazo de legitimación hasta abril de 2023, advirtió, diversos sindicatos la han estado aplazando.
Roberto Reyes, también abogado laborista, señaló que hay sindicatos con líderes añejos que recurren a la manipulación para continuar al frente de sus gremios.
«Falta difundir de una manera digerible los derechos que han alcanzado los trabajadores con la reforma laboral», planteó.
