Iñaky Blanco Cabrera, ex Procurador de Guerrero, compareció ayer por tercera ocasión en calidad de testigo ante la Fiscalía General de la República, para ser interrogado sobre la posible implicación de la Policía Ministerial en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Al salir de la diligencia de más de siete horas, en las oficinas de la FGR en la Glorieta de Insurgentes, Blanco dijo que aprovechó su comparecencia para exponer algunas contradicciones en los dichos del testigo protegido «Juan», quien lo imputa a él y decenas de funcionarios.
«En el caso, bueno, pues (se hicieron) preguntas en cuanto al involucramiento de elementos de la Policía Investigadora Ministerial, que lo he señalado siempre, si se dio una situación como esa, habrán de responder a título individual, a título personalísimo y no necesariamente institucional, porque contra las acciones que pudiesen haber llevado a cabo, pues hay un sinfín de acciones de carácter positivo», dijo.
«(Por ejemplo) una investigación previa de los Guerreros Unidos, detenciones y consignaciones de policías municipales que estaban al servicio de esa organización, la consignación y posterior aprehensión del ex Presidente Municipal José Luis Abarca y algunos datos que se dieron para sentar las bases de la investigación y que como les mencionaba en la mañana, pues permanecen intocados, particularmente en lo relativo a la autoridad material e intelectual de los hechos que radica en la organización delictiva Guerreros Unidos».
En esta diligencia, en la que estuvieron presentes dos integrantes del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Blanco dijo que no se le hizo saber ningún señalamiento o imputación directa en la investigación.
Un testigo protegido con nombre clave «Juan», a quien Blanco identifica como Gildardo López Astudillo «El Gil», operador de Guerreros Unidos implicado en la desaparición de los normalistas, declaró el 10 de febrero de 2020 que supuestamente entregaba 50 mil dólares mensuales al ex Procurador.
El ex funcionario ha rechazado categóricamente el señalamiento y manifestado que las intervenciones telefónicas que proporcionó la DEA sobre el Caso Iguala dejan al descubierto que los hermanos Salgado Casarrubias, líderes de Guerreros Unidos, ordenaron a «El Gil» responsabilizar al Gobierno de Guerrero y a su persona de la desaparición de los normalistas.
Sobre la verosimilitud de «Juan», puso como ejemplo que éste declara que los cuerpos de algunos estudiantes fueron quemados en un crematorio y luego «sembrados» en el basurero de Cocula, sin embargo, algunos peritajes ya validados concluyen que dichos restos fueron expuestos a una afectación térmica diferenciada que no es propia de un horno crematorio.
«Se hicieron algunas precisiones por cuanto hace a mi actuación en la atención del caso, a mis anteriores declaraciones, hice algunas acotaciones por cuanto hace al testimonio de este sujeto al que se identifica como ‘Juan’, que no es otro que Gildardo López Astudillo (miembro de Guerreros Unidos), me remití a varias de las inconsistencias y contradicciones en su dicho y de igual manera entiendo que se están investigando entre otros aspectos lo relativo a la participación de distintos servidores públicos», dijo al salir de las oficinas centrales de la FGR.
Blanco agregó que el tema de la autoría material e intelectual de Guerreros Unidos se sostiene en la investigación de la actual administración federal y que hoy los únicos cabos sueltos son la participación de algunas autoridades de los distintos niveles de gobierno y las rutas de desaparición y destino de cada uno de los normalistas.
Por ello, dijo que no iba a polemizar con las autoridades sobre el uso crítico que le dan a la frase de la «verdad histórica».
«Yo estoy a disposición de las autoridades, siempre que sea necesario mi testimonio para aclarar algo por cuanto a lo que ocurrió aquella fatídica noche, estoy en entera disposición de colaborar», comentó antes de retirarse de la Fiscalía.
