Personal de la Fiscalía General y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan rescataron a una niña que fue encarcelada por la Policía Comunitaria en represalia de que se escapó de su casa para evitar contraer matrimonio de manera forzada en la comunidad de Joya Real, del Municipio de Cochoapa el Grande en Guerrero.
La niña Nayeli «N», de 14 años de edad, iba a ser obligada a casarse con un menor de 15 años por un pago de 200 mil pesos que recibirían la mamá, hermanos y un primo de ella.
La ceremonia del casamiento que iba ser avalado por el comisario municipal del pueblo se iba a realizar en la casa del novio a las nueve de la mañana del pasado lunes 22 de noviembre.
Sin embargo, Nayeli se fugó de su casa una hora antes de la ceremonia y se fue a refugiar a la vivienda de su amigo Alfredo «N», que también es menor de edad y que vive en la misma comunidad indígena Na Savi.
La fuga de Nayeli molestó tanto a los familiares de ella y de su futuro esposo que se dedicaron a buscarla por toda la comunidad sin poder localizarla.
Por ello, las dos familias pidieron el apoyo de la Policía Comunitaria para buscar a la niña a quien finalmente localizaron en la casa de su amigo Alfredo.
Las autodefensas encabezados por su comandante encerraron en la cárcel de la comisaría del pueblo a Nayeli y a Alfredo.
Según la versión del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el encarcelamiento de Nayeli fue por dos cosas: una que se realizara el casamiento y en caso de que no que se garantizara de que la familia de ella pagara los 56 mil pesos de gastos prenupciales que habían hecho los padres del novio.
El lunes 22, luego del casamiento forzado de Nayeli, la familia de ella recibiría un pago de 200 mil pesos en efectivo.
Desde el pasado viernes 19, iniciaron las pláticas para el casamiento forzado de Nayeli.
Ese día, los padres del futuro esposo de ella llevaron comida y bebida a su casa.
Otra fiesta con comida y bebida se realizó el domingo 21.
Según las cuentas de los padres del futuro esposo de Nayeli, fueron 56 mil pesos de gastos prenupciales que hicieron.
Sin embargo, este lunes en la noche, autoridades de la Fiscalía Regional de Tlapa, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió la información del encarcelamiento de la niña y pidieron el apoyo al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Este martes, agentes de la Policía Ministerial y de la Fiscalía, Policía Estatal y el delegado regional del Centro de Derechos Humanos, así como activistas del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan acudieron a la comunidad de Joya Real.
«El ambiente estuvo muy tenso porque nadie sabía como iba a reaccionar la gente de la comunidad», dijo una persona que acudió a Joya Real.
Mencionó que ningún enviado de la Secretaría de la Mujer aceptó acompañar a esta brigada de rescate.
Cuando la Policía Ministerial, personal de la Fiscalía y de Tlachinollan llegaron al pueblo, el comisario municipal ya no estaba ni tampoco los integrantes de la Policía Comunitaria que fueron los que encarcelaron a Nayeli y a su amigo Alfredo.
Los enviados de Tlachinollan que llevaban un traductor en idioma Na Savi dialogaron con los principales del pueblo y estos aceptaron que los dos menores de edad salieran en libertad.
Nayeli y Alfredo fueron trasladados a Tlapa en donde recibirán ayuda psicológica por parte del DIF estatal.
La Fiscalía General analiza si se integra una carpeta de investigación contra la Policía Comunitaria, el comisario de la comunidad y los familiares que pretendían casar de manera forzada a Nayeli.
El pasado 10 de noviembre, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda presentó una estrategia de 20 puntos para erradicar la venta de niñas en la Montaña de Guerrero.
Dichas acciones del Gobierno estatal se pusieron en marcha luego de que se dio a conocer esta práctica en municipios de esta zona marginada de Guerrero atribuida a «usos y costumbres» de los pueblos originarios.
Sin embargo, para el director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, ese acto oficial que encabezó el pasado 10 de noviembre la Gobernadora Evelyn Salgado y la titular de la Secretaría de la Mujer, Violeta Pino, fue un evento que no reflejó de manera integral cómo resolver a fondo este problema.
«No se invitó a las autoridades tradicionales de las comunidades para que expresaran su voz con propuestas», expuso el activista.
«Los funcionarios deben de ir a los pueblos, hablar con las autoridades y la gente porque realizar un acto oficial en Tlapa no resuelve a fondo las cosas», agregó.
