La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) advirtió que el acuerdo que considera a las obras del Gobierno como de seguridad nacional y prioritarias afecta la competencia porque implica un trato diferenciado frente a los proyectos privados.
«Esto podría otorgar trato asimétrico y preferente respecto de proyectos públicos y privados, a propósito del cumplimiento de trámites y requisitos establecidos en función de riesgos», señaló.
El acuerdo instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (de manera inconsistente con las leyes aplicables en diversas materias) a otorgarles una autorización provisional de 12 meses con relación a los dictámenes, permisos o licencias necesarios para su realización en un plazo máximo de 5 días hábiles.
Y en caso de no ser emitida, establece como consecuencia la afirmativa ficta, sin que esté plenamente justificado en consideraciones de riesgo a la seguridad nacional o el interés público.
Esto, aseguró Cofece, no debería ser causa para dejar de lado las licitaciones.
«En todo caso, debería privilegiarse el uso de la licitación pública a fin de que el Estado esté en posibilidad de conseguir las mejores condiciones de contratación. Las excepciones deben responder a casos específicos y delimitados, donde exista una racionalidad clara de peligro, riesgo o alteración a la seguridad pública conforme a la normatividad aplicable», afirmó.
