Un total de 53 legisladores de Oposición reclamaron la firma de Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, para promover una controversia constitucional contra el «decretazo».
Sin embargo, Sánchez Cordero se excusó tras explicar que tenía duda y debía solicitar previamente una opinión jurídica.
«Quiero ser muy transparente, necesito una opinión jurídica. Tengo mis serias dudas y quisiera argumentos sobre el interés y legitimación del Senado para promover la controversia. Y no tengo respuesta sobre la legitimación del Senado», aclaró.
Los senadores advirtieron que el «decretazo» con el que el Poder Ejecutivo pretende apurar las obras de infraestructura pública, alegando cuestiones de seguridad nacional en perjuicio de la transparencia, pretende establecer un régimen de excepción.
«(…) Nos resulta preocupante que desde el Ejecutivo se pretenda establecer un régimen de excepción en perjuicio del derecho a la seguridad jurídica y a la transparencia y el acceso a la información pública, puesto que el hecho de que se recurra a los conceptos de interés público y de seguridad nacional afecta la rendición de cuentas, favorece la opacidad y la poca claridad en la contratación pública y el ejercicio de recursos», plantearon.
Por primera vez desde que se conformó el Grupo Plural de cinco senadores, este quinteto y el bloque del PAN, PRI, MC y PRD se aliaron para intentar conseguir la firma de la ex Secretaria de Gobernación.
El alegato esencial con el que los 53 senadores intentan que la Suprema Corte de Justicia revierta el polémico ordenamiento con que el Poder Ejecutivo pretende apurar las obras, por cuestiones de seguridad nacional, es que el acuerdo presidencial se aparta de la Constitución, viola principios constitucionales y representa un atentado directo contra el principio de división de poderes.
Los opositores alegaron, además, que se viola de manera incuestionable el derecho humano de acceso a la información.
«En materia de derechos humanos ni un paso atrás. El militarismo asesinó a Francisco I. Madero y el militarismo no va a asesinar a los derechos humanos y no va a asesinar a nuestra democracia», advirtió el senador Germán Martínez, coordinador del Grupo Plural.
Por el PAN, el senador Julen Rementería señaló la «ilegalidad» que asoma en el «decretazo» y cuestionó las trabas que se ponen para acceder a información de los contratos que acompañarán las obras de infraestructura pública.
El morenista Eduardo Ramírez Aguilar explicó a la Oposición que podían recurrir a la figura de acción de inconstitucionalidad para impugnar el «decretazo» con el 33 por ciento de firmas de legisladores.
La senadora Mónica Fernández Balboa, también de Morena, intentó salir en defensa de su correligionaria Sánchez Cordero argumentando que se cometía violencia política de género.
«Exigimos respeto a la presidenta», reclamó.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, subió a tribuna para aclarar que 80 parlamentarios no estaban de acuerdo en que la presidenta firmase el recurso promovido por la Oposición.
Germán Martínez pediría la palabra para recordar que Mónica Fernández, como presidenta del Senado, había también firmado un recurso similar relacionado con el Ifetel.
Monreal hizo notar que, en ese caso, también había tomado la decisión la misma mayoría legislativa.
El panista Rementería del Puerto recordó que la misma Fernández Balboa también firmó un recurso alusivo al Gobernador de Tamaulipas.
