Por José Buendía Hegewisch
El enojo de AMLO y el ‘decretazo’
El enojo manda sobre decisiones presidenciales en obligaciones trascendentales, como rendir cuentas de obras públicas o la sucesión en el Banxico. El enfado por insumisión a su voluntad o por obstáculos a sus proyectos derivan en la pretensión de blindar actos de gobierno del escrutinio público. Ésa es la consecuencia más grave de acuerdos que facilitan la opacidad en los grandes proyectos de infraestructura del sexenio o designaciones de funcionarios sin mayor explicación.
Esta semana, dos determinaciones del Presidente vuelven a agitar la polémica sobre sus formas de gobernar y la relación con su equipo. Una, para remover de un plumazo el examen de la transparencia en la comprobación de la marcha de obras públicas, aunque también haya dado lugar al obstruccionismo con el recurso del amparo. La otra, el retiro de la confianza al exsecretario de Hacienda y antiguo funcionario de su círculo cercano, Arturo Herrera, como candidato al Banxico sin explicación alguna, a unos días de su designación. Se trata de dos decisiones sobre ámbitos muy distintos que tienen en común mostrar ejemplos de la forma de actuar en su gobierno cuando las cosas le causan molestia o trabajo.
En cuanto a la primera, el Ejecutivo anunció un acuerdo administrativo que declara de “interés público y seguridad nacional” las obras y proyectos públicos, a los que en 2022 se destinarán más de 500,000 millones de pesos, incluidos los emblemáticos como el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas. El llamado decretazo se presta al abuso y a la discrecionalidad por abrir la puerta a clasificar la información sobre contratos de las obras como reservada. Un atajo a las trabas burocráticas, como si se tratara de asuntos con enorme repercusión social, sobre todo para su gobierno, aunque quiera justificarlas con la promesa de que prevalecerá “cero corrupción” en su administración.
López Obrador dice estar harto de los amparos contra sus obras y justifica el acuerdo con el fin de evitar que retrasen su conclusión en el sexenio, lo que sería desastroso para la entrega de resultados de la 4T. Rechaza que sea un tema de transparencia y lo reduce a una orden administrativa. Algo de razón tiene su molestia porque su gobierno ha visto a organizaciones civiles y a la oposición intentar frenarlos con lluvias de amparos por muy diversos motivos, como el impacto ambiental o apropiación de territorio. Este recurso legal se ha prestado a la lucha política y al boicot de obras, pero pretender burlarlo y agilizar trámites con la opacidad lleva a confundir fines y medios, con consecuencias graves sobre la rendición de cuentas de los actos de gobierno.
El acuerdo adolece de fundamento para convertir un problema administrativo en una amenaza a la seguridad nacional y, menos aun, de bases para anular el principio constitucional de máxima publicidad en el desarrollo de infraestructura pública. Una pretensión difícil de sostener cuando lo que domina es la contrariedad del Presidente por los bloqueos y riesgo de demoras en la terminación de obras que quiere inaugurar en su sexenio. En todo caso, tendría que reformarse la ley de amparo, pues, de lo contrario, sólo facilitará otro alud de ellos.
Respecto a la segunda, el cambio de decisión sobre la candidatura de Herrera sin ninguna aclaración también trasluce algún tipo de molestia con quien presentara como experto en política monetaria e idóneo para un puesto clave, como el Banxico. La existencia de visiones distintas sobre la misión de la institución puede estar detrás del desencuentro, por ejemplo, la idea del Presidente de que el banco central deba hacerse cargo no sólo del mandato de la inflación, sino también del crecimiento, algo en lo que podría no coincidir con Herrera. Pero, sobre todo, porque la autonomía del Banxico ofrece una independencia que su exsecretario de Hacienda no tuvo cuando formó parte de su gabinete hasta julio pasado. En aquel momento justificó el anuncio anticipado para evitar “nerviosismo e incertidumbre” en los mercados, pero ahora parece desecharlo sin hacerse cargo de las consecuencias que, en principio, buscara ahuyentar. ¿Dejaron de importar o algún tipo de desgrado dominó la decisión? Sin claridad de las razones de su actuación, lo que queda es otro ejemplo de inconsecuencia en un acto de gobierno que puede ser trascendental para la marcha del país.
