El sector patronal advirtió que el «acuerdo» para que las obras y proyectos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador sean considerados de seguridad nacional viola la Constitución y abre la puerta a la corrupción, a la opacidad, a la autocracia y al autoritarismo.
Por ello, estudiará con aliados y expertos la posibilidad de interponer juicios de amparo o apoyar a quienes decidan hacerlo al verse afectados por las disposiciones del decreto.
«A todas luces, esto violenta nuestro orden legal y es un franco camino a la autocracia y al autoritarismo que tanto ha dañado a nuestro país», señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en un comunicado.
Expresó que suma su voz a las de órganos autónomos, legisladores, organizaciones sociales, académicos, expertos y ciudadanos en general que han señalado con diversos argumentos lo inadecuado y perjudicial que resulta este decreto.
Detalló que entre las transgresiones a la Carta Magna se encuentra la de incumplir mediante un decreto presidencial las disposiciones legales aprobadas por otro Poder, el Legislativo, para favorecer proyectos que no son prioridad de todos los mexicanos, sino que son prioritarios para el Gobierno.
«De seguir por ese camino se sentaría un grave precedente de incumplimiento de quien juró el pasado 1 de diciembre de 2018 ‘guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen'», señaló.
Coparmex dijo que a través de la iniciativa «Guardianes de la Constitución» han decidido activar estrategias y acciones para que se respete y cumpla la Constitución.
La Confederación se sumará, vía la figura del amicus curie, a apoyar con argumentos técnicos y jurídicos sólidos las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales que ya se han anunciado por parte de órganos autónomos y de integrantes de Poder Legislativo.
Asimismo, impulsará la realización de foros de análisis y espacios de diálogo permanente para dar a conocer a los ciudadanos el peligro real que implica para su vida diaria que un Presidente decida gobernar por decretos, saltándose las leyes que juró cumplir.
«Queremos fortalecer un Estado de Derecho que nos permita a todos vivir en armonía y con nuestros derechos protegidos. No queremos gobiernos que debiliten nuestro orden constitucional con fines autoritarios», subrayó.
