Por Yuriria Sierra
Los otros datos
El ejercicio es muy sencillo, pero doloroso, escribir en Google: “feminicidio México”, los resultados que arroja: “Deficientes investigaciones de feminicidios en el Estado de México violan los derechos de las mujeres a la vida integridad personal y al acceso a la justicia”, un comunicado de Amnistía Internacional; Feminicidio e impunidad en México: Un contexto de violencia estructural y generalizada, un trabajo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Las cifras oficiales de feminicidios en México no reflejan la realidad de este delito, una publicación de Animal Político, donde se contrastan las cifras del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio con los del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Sólo el 20% de los feminicidios en México tiene sentencia condenatoria, una nota en Infobae, basada en una declaración de Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
El ejercicio es revelador y crudo cuando cambiamos las palabras: “México, mujer asesinada”; aquí no hay interpretaciones, es lo que se vive en las calles: Familia pide justicia para mujer asesinada por exesposo en la CDMX; Exigen justicia para Adriana Arana, mujer asesinada en viaducto Miguel Alemán, etcétera.
A principios de esta semana se presentó el Informe Mensual de Seguridad de octubre, Rosa Icela Rodríguez aseguró que la incidencia de feminicidios bajó casi 15% durante ese mes respecto al mismo periodo de 2020. Pero Nosotras Tenemos Otros Datos, una organización que refuta los números oficiales, afirma que no es que haya disminuido la incidencia de feminicidios, sino que se ha reducido su clasificación. Precisan que si hace un año cada 24 horas 10 mujeres eran asesinadas sólo por su género, ahora son 20. Patricia Olamendi, una de las integrantes de este grupo, detalla que de los más de 5 mil asesinatos de mujeres registrados en el país entre enero y septiembre pasado, apenas 700 fueron clasificados como feminicidios, el resto quedaron como homicidio doloso o culposo, lo que no obliga a una investigación con perspectiva de género.
El nivel de impunidad en nuestro país, y no es que necesitamos pruebas, tiene en el llamado “primer feminicidio” su más grande ejemplo. Se llamaba Nadia Alejandra, tenía 24 años cuando fue asesinada en el Estado de México. La mataron su exesposo, Bernardo, e Isidro, su cuñado. A pesar de las denuncias presentadas para dar constancia del ambiente de violencia en el que vivían ella y sus tres pequeños, las autoridades jamás ordenaron medidas de protección. El 12 de febrero de 2004 su cuerpo fue hallado, tenía un cordón de zapatos en el cuello, por lo que autoridades determinaron suicidio. La familia no se dio por vencida y logró que fuera dictaminado como feminicidio. Isidro fue detenido tres años después, lo sentenciaron a 46 años, pero apeló y fue liberado en 2010, las autoridades no consideraron el testimonio de los pequeños que presenciaron el crimen como una prueba determinante. Sigue libre. Bernardo, el exesposo, fue detenido en 2012, pero hace cuatro años libró una sentencia, también está en libertad.
Mucho se ha hablado sobre el cambio cultural que debemos empujar para que, desde casa, se aniquilen usos y costumbres donde germina la violencia de género, pero el Estado tiene la obligación de dar certeza cuando estos casos aparecen para que no haya impunidad. No es pesimismo, pero aún no hay señales de cuándo sucederá, la lucha feminista se entiende hoy sólo como juego político: “Vamos a seguir apoyando, protegiendo a las mujeres, enfrentando y combatiendo el feminicidio… los conservadores se volvieron feministas, claro, pura hipocresía…”, expresaron ayer por la mañana.
