Estados Unidos deportó esta mañana a México a Rafael Olvera Amezcua, accionista mayoritario de Ficrea, quien será puesto a disposición de distintos jueces por acusaciones de presuntos fraudes y lavado de hasta 7 mil 500 millones de pesos, en agravio de más de 6 mil ahorradores.
“Rafael ‘O’ es presunto responsable de defraudar a más de seis mil personas, en su mayoría adultos mayores mediante una financiera (caso Ficrea). Los afectados, por años, han solicitado a las autoridades mexicanas la puesta a disposición del hoy deportado”, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Después de 8 años de estar prófugo de la justicia, el empresario contra quien pesan más de 5 órdenes de aprehensión federales y del fuero común, fue entregado a la FGR en el Puente Internacional de Juárez-Lincoln, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, este miércoles a las 10:00 horas.
En el cruce fronterizo, elementos de la Policía Federal Ministerial de la FGR le ejecutaron una de las órdenes de captura.
Funcionarios del Gobierno federal informaron que la entrega de Olvera ocurre luego de que Estados Unidos le negara el asilo político y perdiera el juicio migratorio con el que pretendía ser reconocido como residente permanente en ese País.
También señalaron que las gestiones de la FGR y su coordinación con el Departamento de Seguridad Interna fueron determinantes para la repatriación del prófugo de la justicia.
Esta misma mañana, Olvera Amezcua será trasladado por vía aérea a la Ciudad de México y desde aquí se determinará si es internado en el Penal Federal del Altiplano o en un reclusión de la Capital del País.
Las órdenes de captura fueron giradas contra Olvera en la Ciudad de México, Toluca y Pachuca por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, fraude y violación a la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Tanto juzgados de distrito del sistema tradicional, como jueces de control del nuevo sistema acusatorio, libraron los mandamientos de captura vigentes.
La primera de las aprehensiones fue librada en 2014 por presuntamente disponer de 90 millones 423 mil 250 pesos de sus inversionistas para adquirir 11 inmuebles en Acapulco, Guadalajara, Ciudad de México y Estado de México. Esta acusación fue reclasificada después de un amparo.
Otra es sobre supuestas transferencias ilícitas por más de 100 millones de pesos y una más por simular un préstamo de 33 millones 100 mil pesos a la empresa Ideas Mobiliarium.
El caso de mayor cuantía es un supuesto lavado de 7 mil 500 millones de pesos en Ficrea y Leadman Trade, esta última una empresa que presumiblemente Olvera habría utilizado para desviar dinero de los inversionistas en beneficio personal.
Otro de los casos está relacionado con la presunta omisión de los registros contables de operaciones que ascienden a 3 mil 407 millones 746 mil pesos.
Para Olvera, el asunto de más riesgo para su libertad es una causa penal del Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, donde uno los delitos que le atribuyen es delincuencia organizada, el único grave o con prisión preventiva de oficio de todos los que le acusan.
Adicionalmente, este es un caso que por la jurisdicción territorial del juzgado y por tratarse de un procedimiento del sistema de justicia territorial, permite a la FGR encarcelar a Olvera Amezcua en el Penal del Altiplano, antes que llevarlo a una audiencia ante un juez de control.
Negó Corte de EU suspender entrega de Olvera
La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, negó a Olvera una suspensión solicitada por él, que le hubiera permitido seguir detenido en Estados Unidos mientras tramitaba un recurso final contra la orden para deportarlo.
Dicha orden fue dictada el pasado 9 de febrero por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés), un tribunal administrativo con sede en Virginia, que revisa en segunda instancia las decisiones de los jueces migratorios.
En la Corte de Apelaciones, los jueces James Ho, Catharina Hayes y Carl Stewart negaron la solicitud de suspensión de Olvera en una orden de un solo párrafo.
El proceso por el cual Olvera fue enviado a México no fue una extradición, sino que se le expulsó de Estados Unidos por no contar con una calidad migratoria que le permita permanecer en ese país, donde se refugió desde 2014, cuando estalló el fraude en Ficrea.
En meses previos a la intervención del Gobierno sobre Ficrea, Olvera y su familia habían comprado decenas de propiedades en Florida y Texas con dinero desviado desde la Sofipo.
Olvera Amezcua fue arrestado por las autoridades migratorias en su casa de San Antonio en mayo de 2019, y el 2 de abril de 2020 fue trasladado a un centro de detención en Laredo, Texas.
Al ser deportado a México, en vez de extraditado, el Gobierno podría procesar a Olvera por múltiples cargos, no sólo por el fraude a Ficrea.
Por ejemplo, el SAT buscaba cobrarle desde 2017 impuestos sobre 303 millones de pesos que nunca declaró al fisco, mientras que sus empresas Baus & Jackman Leasing y Leadman Trade enfrentan créditos fiscales que suman más de 8 mil millones de pesos.
En julio de 2019, cuando ya estaba detenido, Olvera aceptó un acuerdo con la sindicatura de la quiebra de Ficrea para entregar 89 inmuebles en Estados Unidos, 42 en España, además de 35 automóviles y 1.3 millones de dólares provenientes de una cuenta de Europa, recursos que son para compensar a los ahorradores defraudados.
