Un juez federal suspendió la más reciente ofensiva de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) contra las empresas privadas que generan electricidad de fuentes renovables.
Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo Especializado en Competencia Económica, suspendió el 25 de febrero, con efectos generales, la resolución RES/550/2021 de la CRE publicada el 31 de diciembre, que estableció el nuevo Código de Red para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
En esta resolución, la CRE retomó las políticas que la Secretaria de Energía (Sener) intentó fijar en 2020 para darle prioridad a plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de productores privados, mismas que fueron anuladas por la Suprema Corte de Justicia.
Iguales criterios preferenciales para la CFE están previstos en la reforma de marzo de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica, suspendida y declarada inconstitucional por Gómez Fierro y su colega Rodrigo de la Peza, y actualmente a revisión en la Corte.
En suspensiones provisionales y definitivas otorgadas en la última semana, Gómez Fierro consideró como probablemente inconstitucionales las facultades discrecionales que la CRE le dio al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) para decidir la conexión y desconexión de plantas al SEN.
«Paralizar la ejecución de las porciones normativas reclamadas tiene como beneficio que no se apliquen disposiciones que establecen facultades discrecionales y obligaciones de carácter técnico, tanto al Cenace como a los usuarios del SEN, que podrían dar lugar a que se priorice la operación de centrales convencionales y, por ende, el uso de combustibles fósiles», explicó el juez.
«Además, se estima que las disposiciones en cuestión amplían el ámbito discrecional del Cenace sobre los requisitos de interconexión, lo que podría afectar la libre competencia al impedir que los participantes del mercado puedan contar con expectativas claras y ciertas de acceso y continuidad en el mercado», agregó.
La suspensión con efectos generales de toda la RES/550/2021 fue concedida en un amparo de la Asociación Mexicana de Energía, mientras que parques solares y eólicos de empresas como Mitsui, ENI, Cubico-Alten y Zuma ya también han presentado demandas.
Las suspensiones impiden al Cenace ejecutar las disposiciones del Código de Red y del Manual Regulatorio de requerimientos técnicos para la interconexión de Centrales Eléctricas al SEN, y obligan a que se siga aplicando una resolución de 2016 que regula los mismos temas.
El Gobierno ha sostenido que la estabilidad del SEN se pone en riesgo si se da preferencia a energías intermitentes más baratas, como la eólica y la solar, que requieren respaldo permanente de plantas que queman gas natural y otros combustibles y que pueden funcionar las 24 horas, pero la resolución de la CRE también relegó del despacho con criterios económicos a centrales nucleares, geotérmicas, y a las plantas de productores privados de autoabastecimiento.
«La amplitud de facultades discrecionales del Cenace por un lado, y la posibilidad de que otorgue prioridad a la confiabilidad de la tecnología utilizada, por encima del criterio de eficiencia económica, puede impactar en la generación de energía a partir de fuentes renovables, en detrimento del criterio de sustentabilidad y sin favorecer el crecimiento de oportunidades de desarrollo de ese tipo de energías baratas y eficientes, así como la sustitución de la producción basada en fuentes fósiles por fuentes renovables», resolvió el juez, al recordar las obligaciones ambientales que México asumió al firmar el Acuerdo de Paris contra el cambio climático.
