El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) insiste en no entregar estímulos a investigadores de universidades privadas, pese a que cuatro jueces federales ya declararon inconstitucional la reforma de 2021 para excluirlos.
Miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) adscritos a universidades privadas, han tenido que promover múltiples amparos a partir de febrero, pues el Conacyt les suspendió los pagos desde enero.
Once jueces federales en materia administrativa han concedido suspensiones en 19 amparos, para que Conacyt mantenga los pagos, en todos los casos en los que exista un convenio vigente firmado con el beneficiario.
También durante febrero, los jueces Yadira Medina, Roberto Fraga, Martin Santos y Gabriel Regis resolvieron que es inconstitucional la reforma de abril de 2021 al Reglamento del SNI para excluir al sector privado y social de los apoyos económicos.
Según los jueces, la reforma es discriminatoria; atenta contra los derechos a la educación y la producción científica; crea una distinción no prevista en la Ley de Ciencia y Tecnología, que es de jerarquía superior al reglamento, y viola derechos adquiridos de investigadores que firmaron convenios previos con el Conacyt.
Las sentencias aún tienen que ser revisadas por tribunales colegiados de circuito, o por la Suprema Corte de Justicia si decide intervenir, por lo que el Reglamento del SNI sigue vigente, y el Conacyt lo sigue aplicando.
Lo anterior pese a que, en julio de 2021, el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa concedió una suspensión definitiva, que obliga al Conacyt a mantener los pagos a investigadores de más de cien universidades afiliadas a la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES).
