En 2021, el Congreso local adjudicó de forma directa 5.7 millones de pesos en contratos que superaban el monto máximo establecido para este mecanismo de asignación, que es de 290 mil pesos.
En total, fueron cuatro los contratos que se otorgaron bajo este proceso, debido a que previamente fueron declarados desiertos.
El más alto fue adjudicado para la compra de licencias digitales, cuyo valor fue de 2 millones 899 mil 652 pesos; otro, de un millón 425 mil 263 pesos, fue para el pago de tóner de impresoras; uno más, de un millón 17 mil 210 pesos, para la compra de 217 medallas que fueron entregadas por el Legislativo, y uno de 335 mil 457 pesos, fue para la adquisición de desinfectante.
Royfid Torres, de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, aseguró que se trata de una práctica heredada desde la anterior Legislatura.
Muestra de ello, dijo, son las múltiples interrogantes que dejó la aprobación del Proyecto de Gasto para Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios que este año ascenderá a 235 millones de pesos.
«Venimos arrastrando estas malas prácticas porque el año pasado se hicieron un sinnúmero de contratos por adjudicación directa y este año nos quieren aplicar la misma», criticó.
Una iniciativa promovida por Torres busca evitar que, al declarar desiertas las convocatorias, se opte por la asignación directa, sin embargo, el futuro de la propuesta se encuentra en vilo debido a que la Comisión de Transparencia no ha iniciado el análisis de la reforma a la Ley de Adjudicaciones.
De hecho, la Comisión de Transparencia, presidida por el panista Gonzalo Espina, tampoco ha avanzado en la designación del titular de la Contraloría Interna del Congreso, aunque la terna ya fue enviada por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción.
Mientras se resuelve quién ocupará el puesto, el subcontralor cuenta con las facultades de la vacante, aunque éste todavía no ha sido ratificado por legisladores, por lo que desempeña sus funciones sin someterse a una evaluación.
