En 2021, el contrabando de combustibles en el País alcanzó 102 millones de barriles, cifra 14 por ciento superior a la de 2020, lo que provocó una menor recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), revelan estimaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Esta cifra equivale al 27 por ciento de las ventas legítimas de combustibles estimadas para el año pasado, que ascendieron a 477 millones de barriles, y al 41 por ciento de las importaciones legítimas, mencionó el SAT en el documento «Informe tributario y de gestión, cuarto trimestre de 2021».
La cifra también es 122.7 por ciento mayor a los 45 millones 800 mil barriles que se vendieron de contrabando en 2018, último año de la Administración federal anterior.
El SAT explicó en el documento que, a partir de 2012, se observó un cambio estructural en el mercado de combustibles, ya que se presentó una disminución en la venta legal respecto a lo proyectado por el crecimiento económico.
De acuerdo con el Prontuario Estadístico de Petrolíferos 2019, publicado por la Secretaría de Energía (Sener), la demanda real estimada para 2021 sería de un millón 300 mil barriles diarios, es decir, 477.7 millones de barriles durante todo el periodo.
Sin embargo, la oferta legítima de combustible, compuesta por la producción Petróleos Mexicanos (Pemex) y las importaciones, alcanzó 375.7 millones de barriles, por lo que el volumen del contrabando se estima hasta en 102 millones de barriles para 2021.
Asimismo, resalta que en 2020 se observó una disminución temporal como consecuencia de la pandemia de Covid-19. Pero sin el efecto de ésta, se estima en 89.6 millones de barriles.
Este incremento en el contrabando tuvo repercusiones en la recaudación tributaria, remarcó el SAT.
«El IEPS presentó una disminución real de 18 por ciento. Esto se debe principalmente a la evasión y elusión fiscal causada por el contrabando, así como por los estímulos fiscales para mantener el precio de los combustibles», destacó.
El monto total recaudado por este impuesto -tanto para tabaco, alcohol, gasolinas, diesel y otros- ascendió a 399 mil millones de pesos en 2021.
Y se pierden 1,100 mdp de IVA por gaschicol
Los piquetes en ductos de Pemex están dejando un boquete de mil 100 millones de pesos mensuales por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) que no paga el gas LP vendido de manera ilegal, señaló la Asociación de Distribuidores de Gas LP (ADG).
Dicho monto corresponde a alrededor de 44 mil toneladas de combustible que se roban al mes, añadió.
«Es una cantidad importante, alrededor de 44 mil toneladas mensuales que representan más o menos mil 100 millones de pesos mensuales que dejan de pagar IVA y que afectan alrededor 4.6 millones de personas», dijo Luis Landeros, presidente de la ADG, en conferencia de prensa.
«Esta distribución ilícita está provocando un acreciento de métodos coercitivos de violencia por grupos delincuenciales con vehículos que son robados o muchas veces son clonados, y esto es un problema porque no nos dejan entrar», apuntó.
En 2018 se tenía registro de 215 tomas clandestinas de gas LP en el País, pero para 2021 se alcanzaron 2 mil 402 tomas, lo que implica un crecimiento de mil por ciento, según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado (Amexgas).
Los estados que más afectación tienen por picaduras de gasoductos son Puebla, Estado de México, Tlaxcala y Veracruz, con el 94 por ciento de las tomas clandestinas; y el 82 por ciento se concentran en sólo 18 municipios pertenecientes a dichos estados debido a que son las regiones en las que está la mayor parte de la infraestructura.
Otras entidades que también se han visto afectadas, pero en menor medida, son Hidalgo, Querétaro, Nuevo León, Guanajuato, Chiapas y Tabasco.
Actualmente, el problema de robo se presenta a lo largo de los ductos de Pemex, que son el principal medio de transporte para el gas LP y se despliegan, principalmente, en el centro y occidente del País, iniciando en Pajaritos, Veracruz, y terminando en Zapopan Jalisco, señaló Carlos Serrano, presidente ejecutivo de Amexgas.
El robo del combustible ha generado mayor presencia y concentración de grupos delictivos que buscan comercializarlo, lo que impacta en la competencia del sector, a Pemex y a los consumidores finales, pues son organizaciones que no cuentan con la normatividad vigente para su manejo.
Se estima que entre 15 a 20 por ciento del gas LP que se vende en la Zona Metropolitana del Valle de México es de procedencia ilícita.
La demanda nacional promedio mensual del energético es de 660 mil toneladas, y en el Valle de México es de 251 mil toneladas mensuales, señaló Landeros.
Organizaciones como ADG, Amexgas, las asociaciones de Distribuidores de Gas (Adigas) y del Noroeste (Asocinor), así como la Cámara Regional del Gas, urgen a un programa efectivo por parte de las autoridades para combatir el robo de gas en los ductos de Pemex y su distribución ilícita en el mercado.
Asimismo, proponen eliminar mediante verificaciones operativas en ruta todos los equipos de reparto e instalaciones que comercializan el gas robado y que además no están debidamente registrados ante las autoridades regulatorias y administrativas.
