En su Informe Anual 2021/22, Amnistía Internacional alertó sobre las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador contra diversos sectores, como la prensa, las mujeres y la sociedad civil.
El documento, que se presenta hoy y al que Grupo REFORMA tuvo acceso, lamenta también que continúe la militarización de la seguridad pública y hace mención de la prevalencia de diversas violaciones a derechos humanos en México, como la desaparición de personas, la tortura, las detenciones arbitrarias y los abusos a migrantes.
«El Gobierno siguió realizando declaraciones públicas en las que atacaba a organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, defensores y defensoras de los derechos humanos y personalidades académicas, así como a mujeres que protestaban contra la violencia de género», se lee en el primer párrafo de la sección dedicada a México.
En entrevista, Edith Olivares, secretaria ejecutiva de Amnistía Internacional en México, especificó que esas declaraciones han sido emitidas por el Presidente López Obrador, pero también por otras autoridades.
«Nos preocupa lo que esta narrativa implica en términos del cierre del espacio cívico», consideró.
«Hemos sido muy contundentes en el señalamiento a las diferentes autoridades gubernamentales, no solamente al Gobierno federal, sino también a los estatales, de que este tipo de narrativas genera un clima de hostilidad y puede generar la sensación de que las autoridades pueden ser permisivas frente a los ataques».
Con más de 97 mil personas desaparecidas al cierre de 2021, Amnistía Internacional alerta en su informe sobre La Situación de los Derechos Humanos en el Mundo que la impunidad prevalecía, pues sólo se habían dictado 35 sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada.
«Según cifras oficiales, seguía habiendo más de 52 mil cadáveres no identificados, la mayor parte de los cuales se hallaban en fosas comunes. Varias personas que buscaban a familiares desaparecidos perdieron la vida violentamente, pero al terminar el año no se había procesado a nadie por esas muertes», destaca.
En un apartado sobre acceso a la salud, se critica que ante la pandemia de Covid-19 el Gobierno haya hecho caso omiso de las normas de la Organización Mundial de la Salud al excluir al personal sanitario del sector privado de la primera fase de la vacunación.
El Informe Anual 2021/22 de AI alerta además sobre el uso excesivo de la fuerza, detención arbitraria y devoluciones ilegales en contra de migrantes por parte de las autoridades, así como secuestros y homicidios a manos de criminales.
«Hasta noviembre, las autoridades recluyeron a 252,526 personas en centros de detención de inmigrantes masificados que, pese a la pandemia, no cumplían con las medidas higiénicas básicas. Entre los detenidos había niños y niñas, aunque la ley lo prohibía expresamente», detalla.
