La Guardia Nacional y el Ejército fueron desplegados desde enero de 2020 en este municipio de la Montaña baja de Guerrero, pero la violencia ligada a los grupos criminales Ardillos y Rojos se recrudece.
«La plaza tiene dueño y se respeta», advirtió ayer uno de los dos grupos que controla el territorio y que dejó, sobre el toldo de un auto, seis cabezas humanas. Dentro de la unidad, en ocho bolsas negras, estaban el resto de los cuerpos.
«En Chilapa está estrictamente prohibido distribuir y consumir cristal (droga sintética), secuestrar, cobrar piso y robar. Esto les va a pasar a todos los que andan haciendo esto y todos estos delitos tienen pena capital», decía una narcomanta colocada a un costado de la violenta escena.
Lo anterior a pesar de que los agentes federales patrullan Chilapa desde enero de 2020, luego de que 10 músicos indígenas fueron asesinados en un camino, tras lo cual los grupos de autodefensa que operan en la zona armaron a 19 menores de edad para integrarlos a las cuadrillas de pobladores que afirman cuidar la región para frenar el control del narco.
Al menos dos ocasiones, en diciembre de 2021 y febrero de 2022, pobladores de Chilapa han confrontado a militares y los han desarmado para presionarlos y pedirles que se vayan de la región.
La violencia, sin embargo, data desde 2014, tras la ruptura entre los dos grupos delictivos.
Desde aquel entonces, los asesinatos y secuestros se recrudecieron en ese municipio guerrerense; aunque no hay un cifra oficial de víctimas, entre ellas se encuentran ocho candidatos a un cargo de representación popular.
El 10 de julio de ese año, dos meses antes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se registró el primer enfrentamiento a balazos entre integrantes de dichas organizaciones criminales.
Ante ello, el Gobierno puso en marcha un operativo, con elementos del Ejército, la extinta Gendarmería de la Policía Federal y la Policía Estatal, que resultó poco exitoso.
Para muestra, el 9 de mayo de 2015, más de 500 presuntos integrantes de la Policía comunitaria Justicia y Paz, vinculada con el grupo de «Los Ardillos», irrumpió en las calles de Chilapa pese a la presencia de las fuerzas de seguridad.
José Navarro Díaz, dirigente del colectivo de personas desaparecidas y asesinadas Siempre Vivos, aseguró que en esa incursión armada, desaparecieron al menos 32 personas.
El 28 de enero de 2016, los Gobiernos federal y estatal realizaron un nuevo despliegue que abarcó a Chilapa y al municipio vecino de Zitlala.
Se trató de un operativo a gran escala, con la participación de 3 mil 500 elementos del Ejército, Gendarmería de la Policía Federal, la Marina y la Policía estatal.
Para su puesta en marcha, el municipio fue visitado por el Gabinete federal de seguridad, encabezado por el entonces Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien prometió la instalación de un cuartel militar, el cual sigue sin construirse.
En septiembre de 2017, hubo otro despliegue denominado «Operativo Chilapa», al igual que en abril de 2019.
Pese a ello, en enero de 2020, integrantes de Los Ardillos asesinaron y decapitaron a 10 músicos de Alcozacán, una comunidad indígena ubicada a 60 minutos de Chilapa.
Nuevamente los gobiernos federal y estatal pusieron en marcha un nuevo operativo, en participó por primera vez la Guardia Nacional además del Ejército Mexicano y Policía estatal.
Desde ese año, el foco rojo se ha centrado en comunidades indígenas nahuas de la zona, donde se han registrado asesinatos, desapariciones forzadas y enfrentamientos entre policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Regionales Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y Los Ardillos.
Por su parte, Navarro consideró que si la gente de Chilapa tenía la esperanza de que la situación iba a cambiar con la llegada del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ahora está decepcionada.
«Hay un despliegue de Guardia Nacional, Ejército y Policía estatal y la violencia en Chilapa sigue sin parar», afirmó.
«Desde hace una década la gente de Chilapa no puede regresar a la normalidad, porque están a merced de la delincuencia», expresó el activista, quien acusó a Los Ardillos de haber secuestrado y asesinado a sus dos hermanos en 2014
