Las decisiones y posturas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en telecomunicaciones y radiodifusión han quedado cortas para proteger los derechos ciudadanos y se han visto influenciadas por factores externos, alertaron especialistas.
Aspectos políticos y económicos influyen de forma cada vez más notoria en las sentencias de la Corte, las cuales benefician en ocasiones al Ejecutivo o a algunas empresas, alertó Michel Hernández Tafoya, director de Observatel.
“Hay asuntos como el Panaut (Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil ) que está próximo a discutirse en el Pleno de la Corte.
“Eso genera preocupación porque la Corte tendría que ser la última línea de batalla en protección de derechos humanos y ahora vemos que hay ciertos aspectos que pesan más, como el interés del Ejecutivo”, detalló el director.
Recientemente, el Pleno de la Corte decidió matizar una sentencia en materia de los derechos de las audiencias y eliminó la orden al Congreso de derogar la reforma de 2017, en la que se quitaron facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
La reforma de 2017 facultó a los concesionarios para generar libremente sus códigos de ética en un marco de autorregulación, sin estar sujetos a permisos ni convalidaciones posteriores de ninguna autoridad.
Luego de esta reforma quedaron sin efectos los lineamientos de derechos de las audiencias que obligaban a los concesionarios de radio y TV a diferenciar opinión de información.
Con la nueva sentencia de la Corte solo las audiencias que sean parte del Centro de Litigio Estratégico, quien promovió el amparo contra la reforma, podrán acceder a lineamientos y derechos de las audiencias.
“El amparo del Centro de Litigio Estratégico fue presentado bajo la figura del interés legítimo, reconociendo a este centro su capacidad de defender derechos colectivos, dada su naturaleza y los fines que persigue.
Parece incongruente que la Corte le reconozca que cuenta con interés legítimo, para luego definir que el efecto del amparo será solo para que no se le aplique al Centro los artículos impugnados, reconociendo además que son inconstitucionales”, comentó María Elena Estavillo, directora del Centro-i.
Por su parte, el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET),advirtió qie no solo en la Corte se han detectado deficiencias, está el caso de los Tribunales especializados en Competencia Económica y Telecomunicaciones que carecen de una preparación técnica profunda.
Esto ha impactado en las decisiones que se toman por los jueces, en especial cuando se decide qué asuntos son competencia de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el IFT.
“El tema de la competencia del IFT y de la Cofece en materia de mercados digitales ya se ha resuelto dos veces, en mi opinión, de manera incorrecta.
“Las telecomunicaciones deberían ser competencia del IFT requieran los servicios o no de concesiones”, mencionó Gerardo Soria, presidente del IDET.
Como los comisionados del IFT, los jueces de los tribunales especializados deberían tener un proceso de selección que implique un examen de conocimientos del sector para asegurar las mejores decisiones en los asuntos que resuelven
