Un juez federal vinculó a proceso al hijo del Senador morenista José Luis Pech Varguez, candidato a la gubernatura de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano, por una presunta contratación ilegal de 20 millones de pesos en la «Estafa Maestra».
El Juez de control, Alberto Torres Villanueva, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, procesó a José Luis Pech Galera, ex Rector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQR), informaron funcionarios del Poder Judicial de la Federación.
Pech Galera, sin embargo, llevará su proceso en libertad provisional, ya que el juez acordó imponerle el pago de una garantía de 100 mil pesos, la prohibición de salir del País y la obligación de presentarse a firmar cada mes a la Unidad de Medidas Cautelares.
Pech fue procesado por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, junto con José Antolino Orozco Martínez, ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional, y Martha Lidia Montoya Santos, ex directora de Tesorería de la Sedatu.
Al quintanarroense le atribuyen este ilícito, en la modalidad de ser parte de una contratación indebida; a Orozco, por solicitar y participar en la misma; y a Montoya, por la autorización de los recursos para dicho convenio.
El juez dictó la prisión preventiva justificada a Orozco, ya que se encuentra preso desde el 25 de septiembre pasado en el Reclusorio Norte, por otra imputación de la Estafa Maestra, mientras que a Montoya le impuso las mismas medidas cautelares que a Pech, sólo que en su caso el monto de la garantía fue de 20 mil pesos.
El juzgador fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, es decir, para que la defensa de los imputados y la Fiscalía General de la República reúnan sus respectivos datos de prueba.
La imputación se basa en las presuntas ilegalidades de un convenio general suscrito el 29 de septiembre de 2015 por la Sedatu, para que la UPQR elaborara un diagnóstico para integrar un sistema de información consolidado en la Sedatu y sus órganos desconcentrados.
La finalidad era «contribuir al aprovechamiento del potencial productivo del territorio, la generación de vivienda digna y desarrollo agrario».
Este acuerdo dio lugar a un convenio específico firmado el 5 de octubre del mismo año, por el que la dependencia federal transfirió 20 millones 100 mil pesos a la universidad.
Según la FGR, del total de esa suma, la UPQR usó 6.8 millones de pesos para subcontratar a la empresa Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular, en la que Pech Galera era apoderado legal y único facultado para manejar el dinero de la cuenta bancaria.
Con esos recursos, la compañía representada por el entonces Rector adquirió 3 camionetas Mazda CX3 y una camioneta Mazda CX9, por un total de 1 millón 559 mil 800 pesos. Con el resto, hizo transferencias a distintas empresas.
La FGR ayer señaló a los procesados haber subcontratado el 100 por ciento de los servicios con 8 empresas, cuando la Ley de Adquisiciones sólo permite subcontratar el 49 por ciento del total.
La empresas subcontratadas son Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular; Comercializadora DW Prisma; Infotecnick; AM Sistemas Informáticos, Competencias y Habilidades para el Trabajo, Asociación Civil; Mars, Integradores en Telecomunicaciones e Informática, Custom Performance e Integración Documental.
Según la Fiscalía, cinco de las ocho empresas eran probables «factureras», pues no fueron localizadas en los domicilios que presentaron a la UPQROO; tres no entregaron la totalidad de la información solicitada por la ASF; y la totalidad de ellas pulverizaron los depósitos mediante transferencias a otras cuentas casi de inmediato a la recepción de los recursos.
