Colegios de abogados y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentaron un recurso para sustentar la inconstitucionalidad del acuerdo del Ejecutivo que considera de seguridad nacional los proyectos y obras a cargo del Gobierno.
Según los abogados, el acuerdo incurre en violaciones legales y de principios consagrados en la Constitución.
Con el llamado decretazo, el Ejecutivo federal puede obviar los principales dictámenes, permisos y licencias federales necesarios para ejecutar y desarrollar las obras y proyectos considerados como prioritarios, entre ellos el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Interurbano México-Toluca y la modernización del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
«(Esto) conllevaría la construcción y operación de aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, infraestructura asociada a los sectores de hidrocarburos o energía eléctrica únicamente con una autorización provisional, lo cual pondría en entredicho bienes jurídicos de la mayor relevancia individual y colectiva.
«Además, evidencia que la vigencia de 12 meses de la autorización objeto del acuerdo y la correlativa obligación de tramitar los dictámenes, permisos y licencias en ese plazo a fin de obtener la autorización definitiva, no resuelven las problemáticas identificadas, pues durante esa temporalidad se ejecutarán, incluso irreparablemente, obras y proyectos sin las validaciones necesarias para asegurar su correcto desarrollo», expusieron.
El recurso, llamado «Amicus Curiae», fue presentado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados (ANADE), la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM) y Coparmex.
Según ellos, el decretazo, presentado en noviembre de 2021 y que cuenta ya con una suspensión definitiva en materia de acceso a la información, viola también principios del federalismo y de supremacía constitucional.
