Cuatro senadores demócratas consideraron que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador utiliza la procuración de justicia con fines de persecución política y urgieron a la Administración de Joe Biden a frenar el desmantelamiento de instituciones democráticas en México.
En una carta dirigida al Secretario de Estado Antony Blinken y al Procurador General Merrick B. Garland, los legisladores expresan su preocupación por señalamientos de que AMLO y la Fiscalía General de la República (FGR) politizan la justicia y ponen en peligro la independencia de las instituciones democráticas.
«Es de nuestro interés vital y del pueblo mexicano que México -uno de los socios internacionales más importantes de Estados Unidos en una amplia gama de temas, incluidos asuntos económicos, de seguridad y de justicia penal- mantenga un sistema de justicia fuerte e independiente capaz de defender el Estado de Derecho, uno de los elementos más fundamentales para el buen funcionamiento de la democracia».
La carta firmada por los senadores Robert Menendez, Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Patrick Leahy, senador por Vermont, Jeffrey A. Merkley, de Oregon, y Benjamín L. Cardin, de Maryland, afirma que el gobierno de López Obrador tiene un creciente sello de persecuciones selectivas y desproporcionadas contra sus críticos.
Las persecuciones han sido emprendidas por la FGR, «institución constitucionalmente autónoma del Poder Ejecutivo, pero que en la práctica se ha alineado con el Presidente López Obrador».
En sus acciones, la FGR ha pretendido desacreditar y callar a opositores políticos a la vez de consumar venganzas personales.
Cita tres casos entre los que incluye el proceder abusivo del Fiscal Alejandro Gertz en la persecución de la ex esposa de su hermano Federico, la señora Laura Morán, y el encarcelamiento de su hija Alejandra Cuevas.
En el texto se destaca que las grabaciones de las llamadas telefónicas interceptadas a Gertz exhiben tratos indebidos entre el Fiscal y Ministros de la Corte en dicho caso.
«A pesar de eso, el Presidente López Obrador sigue defendiendo a Gertz Manero».
Otro ejemplo es el de la persecución e intento de encarcelamiento de 31 científicos del Conacyt por cargos de lavado de dinero y malversación de fondos.
«El Presidente López Obrador pidió la disolución del Foro Consultivo, que ha sido crítico con las políticas de su gobierno, y criticó públicamente a los científicos como corruptos».
Precisan que en dos ocasiones los jueces han denegado las órdenes de aprehensión contra los académicos.
El otro caso citado como abuso y uso político de la justicia es la persecución contra el panista Ricardo Anaya quien, dicen los senadores, es atacado porque tiene la intención de presentarse a las elecciones de 2024.
Como ejemplo de «inconsistencias» en el caso Anaya citan que «el presunto soborno, en agosto de 2014, se produjo ocho meses después de aprobada la reforma constitucional y cinco meses después de que Anaya dejara el Congreso».
Esos casos contrastan con otros en los cuales AMLO y la FGR no han hecho investigaciones serias o persecuciones por corrupción contra personajes vinculados al Presidente.
«Estos incluyen, entre otros, denuncias de lavado de dinero y violaciones a la ley de financiamiento de campañas contra el secretario privado y el hermano del presidente López Obrador, respectivamente», afirma la misiva de los senadores.
«Como ha señalado José Miguel Vivanco, ex director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch, estas acciones demuestran un desprecio por la independencia judicial y son un ataque directo al Estado de Derecho», refieren los legisladores.
«Le urgimos a considerar el riesgo del debilitamiento y politización del sistema de justicia en México, y a plantear y priorizar estas preocupaciones en sus conversaciones con sus contrapartes mexicanos», exponen a Blinken.
