La crispación entre consejeros y morenistas se mantuvo hasta el último momento de la consulta de revocación de mandando.
Aún no se instalaban las casillas cuando el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advertía a los servidores públicos y líderes de Morena: «Las trampas y los tramposos en materia electoral siempre serán descubiertos».
Minutos más tarde, al instalarse en sesión permanente el Consejo General, el representante morenista, Mario Llergo, acusó a los funcionarios electorales de impulsar la anulación del proceso, argumentando injerencia del aparato gubernamental.
«Su juego es sucio y es peligroso, su oposición a la soberanía del pueblo ha cruzado la frontera de la ilegalidad.
«Yo acuso a la mayoría de este Consejo General de conspiración y rebelión en contra de las instituciones de la República», argumentó el también diputado federal.
En la lista de acusaciones contra el INE estaba no capacitar a los funcionarios de casilla para «reventar el proceso», aunque sólo dio un caso de los 290 mil ciudadanos que registraron y contaron los votos.
«No nos debe de extrañar, ésa ha sido su tónica en esta mesa, venir siempre a decir patrañas. No coma ansias del fracaso de esta institución, y si puede afectarle en su ego, a lo largo y ancho del país, las y los ciudadanos, de forma categórica, nos dijeron que aceptaban ser funcionarios por el INE. Entiéndalo bien, por el INE, y no por ustedes», respondió el consejero José Roberto Ruiz.
Después de que los consejeros le demostraron con documentos al morenista que la persona que mencionó había firmado una carta en la que asegura que sí fue capacitada, la queja fue que 500 mil electores se habían quedado sin votar, al cerrar la Lista Nominal.
Esto, pese a que semanas atrás el tema se discutió por más de dos horas y se le aclaró que así lo establece la ley.
De los 11 consejeros, nueve le recriminaron a ese partido y sus funcionarios, incluido el Presidente López Obrador, la violación sistemática a la ley electoral.
Por la mañana, de oficio, el INE ordenó a la Secretaría de Hacienda borrar un tuit en el que llamaba a votar, por lo que Ciro Murayama comparó las trampas de los morenistas con las del PVEM.
«Ahora no son los ‘influencers’, ahora es uno de los ministerios más importantes del Ejecutivo Federal», afirmó.
Durante todo el día, las noticias que más llegaban a los consejeros eran denuncias sobre personas afuera de las urnas con listas, verificando que quienes ahí aparecían habían ido a votar.
Así como el «apoyo solidario» de dirigentes de Morena y de simpatizantes del tabasqueño para trasladar a los votantes en todo el país.
La decisión del líder de ese partido, Mario Delgado, de dar «aventón» a vecinos de Iztacalco a sus casillas, encendió más los ánimos en la sesión permanente del Consejo General.
«El líder de Morena está cometiendo un delito flagrante, lo está publicitando. Cuando nos quieren decir los representantes de Morena que no son iguales, no, no lo son, son peores.
«Si bien en el pasado había acarreo de votos, jamás creí ver a un líder de un partido haciéndolo directamente. Lo está haciendo cínicamente», dijo el perredista Ángel Ávila.
En respuesta, el representante suplente de Morena, Eurípides Flores, argumentó que a él también deberían llevarlo a la cárcel, pues le dio un ‘raid’ al diputado Mario Llergo a votar a una casilla especial.
«Nos vemos en tribunales», dijo sonriendo.
El representante PAN afirmó que era tal la desesperación de Morena para que vaya asistiera a votar, ante la baja afluencia, que el propio Delgado violaba la ley de manera «cínica».
Sin mencionar a Delgado, Murayama advirtió que ley establece una multa de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años por acarrear a votantes.
«A quien organice la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral, con la finalidad de influir en el sentido del voto», señaló.
En tanto, el PRD concretó su queja contra el morenista, y la Unidad Técnica de lo Contencioso informó que se abriría un expediente para sustanciar la denuncia, y dio vista a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales para que determine si existe un ilícito electoral.
