Aunque México ha sido condenado por instancias internacionales ante la desaparición y asesinato de mujeres desde los hechos de Ciudad Juárez, Chihuahua, hace más de 20 años, las desapariciones continúan y las deficiencias del Estado son las mismas, advirtió Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).
«A pesar de tener recomendaciones internacionales muy claras, como en la sentencia de Campo Algodonero, pareciera que no hemos avanzado en una política real de prevención y sanción de feminicidios», criticó.
«Son muchas las instituciones, se duplican las actividades, pero de ninguna se puede obtener una respuesta integral; puede que tengamos una sobreburocracia no articulada que lo que genera son mayores dificultades para que las familias puedan tener una respuesta».
De acuerdo con las cifras oficiales, tan sólo en lo que va de 2022 han desaparecido al menos 748 mujeres, es decir, un promedio de al 7 al día.
Prácticamente una de cada dos ocurren en el centro del País, particularmente en el Estado de México, la Ciudad de México y Morelos, pero también tienen cifras elevadas Jalisco y Nuevo León.
Delgadillo criticó las capacidades de las Fiscalías para atender la violencia contra las mujeres, no sólo en temas de desaparición, sino incluso ante feminicidios.
«Los casos ocurrieron en 2001; Juárez y Chihuahua tendrían que haber sido como el gran llamado nacional para decir ‘esto tiene que frenarse’, y no lo fue», lamentó.
«Las cosas que dice la sentencia de Campo Algodonero, respecto a desaparición y feminicidios, siguen siendo actuales: no tenemos estadísticas claras, no tenemos mecanismos para que se atiendan inmediatamente, se sigue criminalizando a las víctimas; o sea, todo eso es tan actual».
Para la especialista la actual crisis de violencia contra las mujeres en México es un llamado fuerte al Estado para que se le pregunte qué más tiene qué pasar para poner en el centro de las políticas la violencia contra las mujeres.
En tanto, María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, planteó que es necesario que el Estado actúe de manera distinta ante casos concretos como las desapariciones en el norte del País.
«Creo que estos patrones que hemos visto en Nuevo León, en estos últimos días, dan cuenta de cómo las acciones tienen que ser en dos vías, por un lado, en el tema de las búsquedas y los protocolos, pero también de los mecanismos de prevención, porque cuando ves que están aumentando las desapariciones en un lugar en concreto tendrían que generarse mecanismos especiales», dijo.
