Con 113 casos por mes reportados el año pasado, Baja California enfrenta una crisis de desaparición forzada de personas que se ha disparado en los últimos años, revelan cifras proporcionadas por la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con la organización civil Elementa Derechos Humanos, tan sólo entre enero y noviembre de 2021 hubo un registro de mil 246 personas desaparecidas en Baja California, es decir, 113 desapariciones por mes, según cifras obtenidas vía transparencia.
En un informe de la organización, realizado con datos de la FGE, las denuncias por desaparición en la entidad gobernada por la morenista Marina del Pilar Ávila, pasaron de 15.5 por ciento por cada 100 mil habitantes en 2007 a 82.16 en 2020.
El punto más alto fue en 2018, con una tasa de 102.27 personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con el ejercicio que recopiló la información durante tres años, cuyos resultados se encuentran disponibles desde octubre pasado en el micrositio https://desaparecerenbc.elementaddhh.org.
La organización comenzó con el análisis en 2006, pues consideró la «guerra contra las drogas», lanzada por el ex Presidente Felipe Calderón, como un parteaguas para el incremento de la violencia y, con ello, del fenómeno de la desaparición de personas.
Aunque el análisis levantó información hasta 2020, Elementa DDHH considera que en la actualidad persiste una crisis por desapariciones, pues señala que los Gobiernos estatal y federal han sido incapaces de disminuir la problemática.
«En materia de búsqueda de personas desaparecidas, la respuesta institucional por parte del estado de Baja California parece ser sólo un estandarte legislativo para legitimar su cumplimiento que, hasta ahora, sigue pendiente», subraya la organización en su página web.
En entrevista con Grupo REFORMA, Renata Demichelis, directora de la organización en México, señala que estos resultados podrían dar luz sobre algunas problemáticas ligadas a las desapariciones, que aún no han sido vinculadas de manera institucional.
Entre los hallazgos, ejemplificó, se encuentra que la mayoría de las desapariciones son de hombres de entre 30 y 35 años, mientras que el grueso de mujeres desaparecidas está entre 12 y 19 años.
Según el diagnóstico, el fenómeno no sólo continúa invisibilizado, sino que va al alza. Además, las cifras entre dependencias no concuerdan; la investigación de fosas clandestinas no está vinculada a las desapariciones; hay corrupción y colusión de autoridades, entre otras problemáticas.
«La corrupción y la colusión entre el gobierno y el crimen organizado sabemos que existen, que es profunda, pero no tenemos una dimensión clara, eso es un motivo por lo cual las familias prefieren no denunciar», lamentó Demichelis.
La investigación evidenció que la Fiscalía General de la República (FGR) posee un registro, de enero de 2007 a noviembre de 2021, de 13 mil 763 personas desaparecidas en Baja California, mientras que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) sólo tiene una cifra de mil 157 personas, al 30 de marzo de este año.
Por su parte, la investigadora Laura Olimpia Martínez Ramírez aclaró que se ha detectado que entre la Fiscalía estatal y el Registro Nacional no hay una comunicación idónea.
«(Otra situación) detectada es que se encuentran fosas clandestinas, pero no se asocia al fenómeno de la desaparición, no hay líneas de investigación que los vincule, es un problema porque no se cruza las pruebas de ADN de familiares con las fosas», lamentó.
«La crisis forense en este Estado es tremenda».
El análisis de Elementa DDHH propone diversas medidas, las cuales se resumen en el micrositio. Una de las más importantes es crear registros estatales con metodologías claras, con fuentes adicionales a las denuncias formales, y que presenten los datos de forma abierta.
También se recomienda continuar con el monitoreo institucional, así como difundir las guías originadas por la organización entre las víctimas, explicarles sus derechos, dónde se pueden hacer los trámites e impulsar las solicitudes de reparación.
A través de su área de Comunicación, desde el 14 de abril pasado Grupo REFORMA solicitó una entrevista con la Fiscalía del Estado; sin embargo hasta ayer no había respuesta.
