El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, y la diputada Lorena Piñón presentaron una iniciativa para sancionar hasta con 12 años de prisión a aficionados violentos.
La propuesta modifica los artículos 152 y 154 de la Ley General de Cultura Física y Deporte y adiciona los artículos 160 Bis, 160 Ter y 164 Ter del Código Penal Federal para crear un nuevo tipo penal denominado «conducta violenta en eventos deportivos».
Según el documento, comete este delito quien incite o cometa por sí mismo acciones como lanzar objetos que pongan en riesgo la salud o la integridad de las personas, agreda, cause daños materiales, participe activamente en riñas, incite o genere violencia o introduzca armas de fuego, explosivos o cualquier arma prohibida.
Estas prohibiciones, indica la propuesta, aplican para espectadores que no sean juez, jugadores o parte del cuerpo técnico de los equipos contendientes, cuando se encuentren al interior del recinto en donde se celebra el evento, en instalaciones anexas, en inmediaciones o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos.
Para quienes lancen objetos que pongan en riesgo la vida o integridad de las personas proponen penas de prisión de dos a cinco años; para quienes cometan agresiones físicas o causen daños materiales, de tres a siete años y para quienes participen en riñas, de cinco a 10 años.
Asimismo, plantea de dos a cinco años de prisión para quienes inciten y generen violencia y de siete a 12 años para quienes introduzcan armas o explosivos.
La iniciativa señala que a los espectadores que incurran en violencia se les suspenderá el acceso a los eventos deportivos masivos o con fines de espectáculo por un periodo de tres a 10 años, mientras que para quienes fueron sentenciados el impedimento será idéntico a la pena de prisión y comenzará a partir de la fecha en la que hayan recuperado su libertad.
Además, plantea penas de tres a cinco años de prisión a los deportistas, cuerpo técnico, árbitros y directivos de clubes o federaciones deportivas que consientan la guarda de armas prohibidas en los estados o instalaciones anexas a la práctica deportiva.
Establece también la obligación de denunciar ante las autoridades los hechos que sean constitutivos del delito de conducta violenta en eventos deportivos.
Respecto a los directivos de clubes y federaciones deportivas, propone penas que van de siete a 12 años de prisión cuando cometan omisiones con respecto a las medidas de seguridad reglamentarias o por apoyar moral, económicamente o en especie a agrupaciones de aficionados que incurran en dicho delito.
En la exposición de motivos, los legisladores critican que la Comisión Nacional del Deporte ha permanecido ausente en el análisis sobre lo acontecido el 5 de marzo pasado en el Estadio Corregidora, durante el encuentro Querétaro contra Atlas.
«La Conade no ha aplicado una sola sanción administrativa ni a la conocida como ‘Liga Mx’ ni a la Federación Mexicana de Futbol A.C.», lamentaron.
Los priistas indicaron que el futbol profesional no se trata sólo de un negocio ni de una empresa particular, porque es una actividad recreativa que se rige por los principios del Derecho Público, el cual debe ser tutelado por el Estado y los tratados internacionales.
Recordaron que tras los hechos en La Corregidora, el 16 de abril hubo violencia en gradas durante el partido entre los equipos Cruz Azul y Guadalajara, lo que derivó en tres detenidos.
El 24 de abril, agregaron, durante el encuentro entre Cruz Azul y Atlético de San Luis nuevamente se registraron actos de violencia entre aficionados, en esta ocasión sin detenidos, lo que la Federación Mexicana de Futbol anunció como un logro.
«Con todos estos antecedentes referidos en la exposición de motivos, se afirma que el propósito de esta iniciativa es la creación de tipos penales que configuren la sanción de hechos de violencia que acontezcan en espectáculos deportivos; sancionando tanto a los grupos organizados de seguidores de equipos, como a los directivos de los clubes o federaciones deportivas que serían considerados como responsables solidarios por omisiones en las medidas de seguridad», reitera la propuesta.
