Según la Constitución, el Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) deben entrar en vigor el 1 de octubre; sin embargo, a la fecha no se han emitido ni las reglas para las consultas vecinales que son requisito en ambos documentos.
En contraste, expertos y diputados critican que el Gobierno capitalino, en lugar de acelerar el proceso de ambos documentos que deben guiar el desarrollo urbano, prefiera recurrir a decretos unilaterales para modificar normativas relacionadas con construcción.
«El director del Instituto de Planeación, Pablo Benlliure, nos explicó que la consulta (vecinal) no había iniciado, porque estaban en la revocación de mandato y nos dijo que la idea era emitir la convocatoria los primeros días de mayo… y eso no ha sucedido», aseguró el congresista, Federico Döring.
Uno de los pilares de la Carta Magna capitalina era la creación de un Instituto de Planeación que elaboraría los instrumentos de desarrollo a largo plazo. Argumentando complicaciones por la pandemia, el Congreso pospuso la entrada en vigor del PGD y el PGOT para octubre de este año. También, los Programas de Desarrollo del Gobierno central y de las alcaldías, así como los Programas de Ordenamiento Territorial (POT) de las 16 demarcaciones, todos para el 1 de abril de 2023.
También argumentando la contingencia sanitaria, la CDMX anunció en noviembre de 2019 un plan de regeneración urbana con corredores de vivienda. El 24 de marzo de 2020 publicó un decreto en el que otorgó facilidades a proyectos -entre ellos al menos cinco Polígonos de Actuación, que antes habían sido calificados como irregulares-, para que las obras iniciaran o se regularizaran, incluso sin que presentaran estudios de suelo, obras de mitigación y permisos de construcción. También ha emitido planes particulares, como el de Desarrollo Urbano de Vallejo o anunciado otros como el Plan Maestro de Zona Rosa.
Sin el marco legal que tendría que cobijarlos, en todos se recurrió a los llamados decretazos.
«(Los decretos) se están adelantando a la política de desarrollo urbano desde una parte segmentada de territorio y no de una visión integral macro», asegura Rafael Valdivia, especialista en Planeación Urbana, Ordenamiento Territorial y Ecológico.
«Si no hay un ordenamiento que vincule, que tenga esa visión de largo plazo, probablemente lo que estamos haciendo con los programas que no están alineados es acentuar la desigualdad».
El programa vigente de Desarrollo Urbano de la CDMX es de 2003. Inconexos, empalmados y fraccionados, actualmente hay unos 170 instrumentos y normas que tienen que ver con el ordenamiento territorial, agrega Valdivia.
«Todos los procesos de planeación de este tipo, en el mundo, son complicados, pero si los hacemos más complicados el tiempo se va pasando. Ya van más de dos sexenios que no se ha hecho modificación», lamenta.
Organizaciones ciudadanas como Suma Urbana han advertido que cuando han intentado conocer y discutir contenidos y tiempos para las consultas ciudadanas -el primer paso de todo el proceso-, les presentan documentos que al final son discrecionales y sin participación de la población.
Una vez concluidas las consultas, el Congreso tiene hasta seis meses para dictaminar, por lo que cumplir con el plazo luce cada vez más lejano.
