Un tribunal federal de Mérida confirmó la suspensión provisional que impide la obra del Tramo Cinco Sur del Tren Maya, de Playa del Carmen a Tulum, porque no existe Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Por unanimidad, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, con sede en Mérida, confirmó este jueves por la tarde la suspensión dictada el 12 de abril por el juez Primero de Distrito en Yucatán, Adrián Novelo.
La magistrada Raquel Flores, y las secretarias en funciones de magistradas, María Isabel Cetina y Mayra Greene Negroe, declararon infundados dos recursos de queja del Gobierno para impugnar la suspensión provisional.
Greene detalló que, si bien existe una «autorización provisional» para el nuevo trazo del Tramo Cinco Sur, ésta no puede ser vista como equivalente de la MIA.
Agregó que las propias autoridades reconocieron, en sus recursos, que la MIA aprobada para este tramo aún no existe.
La «autorización provisional» para la obra fue otorgada con base en un decreto presidencial de noviembre pasado, que ordenó a las dependencias exentar de tramites a las obras prioritarias del actual Gobierno.
La suspensión provisional confirmada es «para el efecto de que se suspenda o paralice cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del Tramo Cinco Sur del Tren Maya, de modo que no se permita la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material».
El juez Novelo tiene agendada para hoy la audiencia incidental del amparo 884/2022, en la que decidirá si convierte la suspensión provisional en definitiva, misma que estaría vigente durante todo el tramite del juicio de amparo, o hasta que el Gobierno presente una MIA que cumpla los requisitos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Novelo ha otorgado al menos otras dos suspensiones provisionales contra el Tramo Cinco Sur, en los amparos 820/2022 y 821/2022 y, según un grupo ambientalista, el pasado 29 de abril concedió una más que también abarcaría el Tramo Cinco Norte, de Cancún a Playa del Carmen.
El contrato de 17 mil 815 millones de pesos para el Tramo Cinco Sur fue adjudicado hace un año al consorcio Grupo México y Acciona, pero el Gobierno cambió el trazo original, que corría paralelo a la carretera 307, y lo movió hacia la selva, lo que ha provocado las protestas y amparos.
La violación a las suspensiones daría lugar a responsabilidad penal de los funcionarios responsables, pues es un delito previsto en la Ley de Amparo.
Tanto el juez Novelo, como el Tribunal colegiado, son los encargados de resolver todos los amparos contra el Tren Maya, sin importar en que estado se ejecuten las obras.
