Por Iván Garza García
El adiós a los fideicomisos
El muy sobado tema de la extinción de los fideicomisos públicos aún no muestra al respetable sus resultas finales. Mucho se ha dicho sobre la supresión de los referidos fondos, las causas que motivan la propuesta y las consecuencias que pueden llegar a generarse cuando esta sea aprobada.
Una vez más, como desde hace casi dos años, tirios y troyanos se hacen con armas y escudos para enfrascarse en otra encarnizada lucha; ahora, teniendo como pretexto los mentados fideicomisos y su eventual desaparición.
Es casi un hecho; los recursos destinados a atender programas y acciones relacionadas con ciencia, tecnología, deporte, cambio climático y desastres naturales (por mencionar solo algunos), están a punto de ser enviados a dormir el sueño de los justos. Al inicio de la presente semana, en una sesión que bien pudo ser parte de cualquier secuela de la cinta “Rápidos y furiosos” (tuvo una duración de nueve minutos), la Comisión de Hacienda del Senado de la República aprobó el dictamen para extinguir un total de 109 fideicomisos; la reunión fue celebrada en un hotel del Centro Histórico de la CDMX, pues la sede oficial se encontraba tomada por diversos colectivos que protestaban por la eliminación de los fondos. Pendiente queda el dictamen de la Comisión de Asuntos Legislativos y el trámite ante la Mesa Directiva para que el asunto de marras sea discutido y votado en el pleno.
El nuevo rifirrafe en este nuestro México lindo y querido no podía tener otra justificación que la tan llevada y traída corrupción. Según lo afirmado por el Presidente López Obrador, había “derroche y opacidad” en la gestión de los fondos. Sin hacer señalamientos concretos; sin investigaciones o denuncias al respecto, el principal inquilino del Palacio Nacional se limitó a declarar que existía “un manejo discrecional en los fideicomisos; entonces, ese dinero no se utilizaba para ayudar al pueblo sino para mantener a ciertos grupos”.
Cuando se trata de desaparecer programas, cancelar obras o desmantelar instituciones, la narrativa a utilizarse siempre será la misma.
Al inicio del actual régimen se dio por terminado el programa de estancias infantiles para apoyar a las madres trabajadoras, operado por la entonces Secretaría de Desarrollo Social. La decisión impactó a mas de 300 mil familias y aunque las anomalías detectadas por la ASF apenas representaban el 1.8 por ciento de los recursos asignados, la supuesta corrupción fue la justificación perfecta para desactivar uno de los programas sociales insignia de la administración anterior.
Luego, en un hecho sin precedentes, el gobierno federal canceló la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, bajo el mismo razonamiento. No obstante que el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes declaró en su momento que no fue la corrupción, sino aspectos técnicos y financieros los que motivaron la liquidación de la obra, el primer mandatario mexicano insistió en su dicho y hasta una consulta mando hacer para que el pueblo “bueno y sabio” decidiera el destino del proyecto. De acuerdo a cifras oficiales (y por lo tanto, las más conservadoras), la cancelación del Aeropuerto en Texcoco costó a las y los mexicanos la friolera de 75 mil millones de pesos.
Y como por botones de muestra no paramos, en el mes de mayo de 2019 la llamada 4T borró del mapa el fondo para la promoción económica en el extranjero, conocido como ProMéxico. Tal vez, a estas alturas resulta innecesario mencionar la excusa usada para retirar de circulación a una agencia gubernamental que venía registrando buenos dividendos en materia de generación de empleo. Al respecto, el presidente expuso: “el fideicomiso para promover la inversión solo permitía prácticas de corrupción”; “oootra vez cumbia …” dijera el buen amigo Eduardo Sosa.
Aquí en confianza, la corrupción debe combatirse con independencia de que sea o no el argumento mas efectivo para justificar la toma de decisiones; sin embargo, debemos recordar que no es la primera ocasión que se le echa el guante a los recursos que corresponden a fideicomisos; en el mes de abril se ordenó la terminación de aquellos que hubieran sido creados por acuerdo o decreto del Ejecutivo, con lo cual el gobierno en turno se embolsó más de 250 mil millones de pesos que – según se dijo – serían destinados al combate a la pobreza, la reactivación económica y el fortalecimiento de PEMEX. Ahora, la mira se centró en aquellos fondos establecidos por ley y de esta ecuación se esperan obtener 68 mil millones de pesos más. Lo anterior en suma, ¿es mucho o es poco?, seguramente se estará preguntando mi amable y única lectora; pues déjeme decirle que tal cantidad equivale a 160 aviones presidenciales como el que se rifó pero que misteriosamente sigue a la venta. Ahí se los dejo para la reflexión.
