El temor de regresar a prisión vuelve a rondar en la cabeza de Mónica Esparza, una mujer que fue encarcelada siete años luego de que policías municipales de Torreón, Coahuila, la torturaron y la agredieron sexualmente para que se declarara culpable por secuestro y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Mónica recuperó su libertad hace siete meses porque las autoridades no pudieron comprobar los delitos que se le imputaban; sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) ha vuelto a la carga y ahora impugnó la sentencia absolutoria para que un tribunal federal cambie el sentido de la misma y regrese a prisión a la joven .
“¿Me pregunto por qué tanta maldad? ¿No se dan cuenta de que ya destruyeron mi vida y la de mis hijos?”, reclama en entrevista con EL UNIVERSAL.
Además de que Mónica y sus abogadas insisten en su inocencia, el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de las Naciones Unidas se pronunció a favor de ella, al señalar diversas irregularidades en su proceso legal: la detención no tuvo un argumento jurídico, fue arbitraria y la acusada no tuvo acceso a un juicio.
Para emitir su resolución el 25 de junio de 2020, la ONU analizó la versión de los hechos de la víctima y las autoridades. Al finalizar, concluyó que el Estado mexicano debe reparar el daño a la joven y se debe iniciar una investigación independiente de los actos de tortura que habría sufrido, mismos que fueron documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación 15/2016.
Mónica apenas comenzó a retomar su vida y el anuncio de que la FGR la quiere de nuevo en la cárcel le cayó como un balde de agua fría. Se espera que el 19 de octubre el Primer Tribunal Unitario de Coahuila le resuelva.
“Consideramos que se debe resolver, confirmando la sentencia absolutoria; de lo contrario, representaría una flagrante omisión, donde [el juzgador] haría caso omiso a las violaciones a los derechos humanos que Mónica sufrió”, recalca Melissa Zamora, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y quien lleva el caso.
De igual forma, Zamora Vieyra critica que la FGR impugnó la libertad de Mónica para que le den una sentencia condenatoria, pero sus únicas pruebas son las mismas que los policías municipales obtuvieron bajo tortura.
“Le pusieron un stop a mi vida”
Mónica volvió a su casa en Torreón desde marzo, cuando el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna le concedió su libertad.
Aunque ahora está junto con sus papás y sus cuatro hijos, la joven comparte que su vida no es la misma de antes: sus pequeños ahora son adolescentes, su madre sufrió un derrame cerebral por el proceso judicial y ella no sale a la calle por el miedo que siente cuando ve una patrulla o elementos de seguridad pública.
“Destruyeron mi vida totalmente y la de mis hijos, completamente a mi familia, le pusieron un stop a mi vida y eso fue algo muy fuerte”, lamenta Mónica.
Ahora trata de recuperar el tiempo perdido con sus hijos. En los últimos días les ayudó a forrar sus cuadernos, hacer la tarea y se durmió abrazada a ellos.
Para superar los abusos sexuales y la tortura que vivió, Mónica debió someterse a dos años de terapia sicológica dentro de prisión, pero considera que aún podría tomar más sesiones para recuperar su vida por completo.
Aquel 12 de febrero de 2013 fue el peor de sus días no sólo por las vejaciones que sufrió, sino porque su pareja, quien también fue detenido y torturado, perdió la vida por esas agresiones.
Desde el norte del país, Mónica explica que no sólo el amor por su familia y las terapias sicológicas la ayudaron a salir adelante, también una frase que leyó en un libro: “Nunca sabes qué tan fuerte eres, hasta que ser fuerte es tu última opción”.
