El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) promovió ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, juicios en contra del recorte de cinco áreas técnicas de la dependencia, el cual fue aprobado por diputados locales.
Una de las solicitudes de juicio para la protección de los derechos político-electorales la presentó de manera individual el Consejero Mauricio Huesca, al considerar que se limitan el acceso a herramientas para ejercer su cargo.
Entre las áreas del IECM que congresistas aprobaron desaparecer está la Unidad de Fiscalización. Huesca comentó que ese departamento les permitía investigar posibles fuentes ilícitas y organizar elecciones objetivas.
Y, al eliminarla, se le resta profesionalización a esas tareas, además de que tampoco se garantiza el ejercicio de los derechos electorales de la ciudadanía, acotó.
El segundo juicio lo presentó el IECM, instancia que alegó violaciones a la autonomía de la dependencia.
La reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales avalada en Donceles prohíbe y limita la autoorganización del Instituto, detalló Huesca.
«Al quitarnos esta posibilidad, prácticamente están maniatando al propio Instituto a que haga lo que el Congreso quiere que haga, esto va en contra de la autonomía de la institución», expresó.
Uno de los argumentos para que los legisladores aprobaran la reforma fue el generar un ahorro económico. Pero Huesca adelantó que será todo lo contrario, pues ahora el IECM deberá conseguir dinero para pagar la liquidación de los trabajadores.
«No hay el famoso ahorro que dicen de 52 millones. No lo hay, sino que nos ponen en una situación de ahora tener que conseguir recursos para liquidación de esas 105 plazas.
«Que no tenemos el recurso, esa es una afectación colateral, que no fue valorada en su justa dimensión por quienes aprobaron esta reforma», dijo.
El personal del IECM presentó las impugnaciones en el último día que tenía para hacerlo. Ahora, deberán esperar a que la Sala Superior analice si admite las demandas.
Además de que los magistrados tienen que pronunciarse si tienen competencia para atraer los casos, indicó Huesca.
Puntualizó que no existe un plazo definido para que la Sala Superior resuelva, pero espera que lo haga antes de los 91 días en que debe aplicarse la reforma electoral.
«Las afectaciones también son patrimoniales y económicas porque los diputados aprobaron que se va el 100 por ciento de las personas que estaban en esas cinco áreas», remarcó.
