Varios de los procesos judiciales que ha iniciado la Fiscalía de Alejandro Gertz se han quedado en el limbo o han sido desechados por falta de pruebas y hasta trámites administrativos.
Valoran proceso por ‘Casa Blanca’
Un tribunal federal abrió la puerta para que José Gabriel Carreño Camacho, subsecretario de la Función Pública en el sexenio del priista Enrique Peña, acceda a una salida legal alterna y ya no continúe bajo proceso por el caso de la sustracción del expediente de la investigación administrativa de la «Casa Blanca».
El Sexto Tribunal Colegiado Penal en esta capital instruyó a un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte convocar a una audiencia y determinar si debe ser otorgado al ex funcionario el beneficio de la suspensión condicional del proceso.
Es decir, que concluya su proceso sin ser sentenciado, siempre y cuando cumpla con un plan de reparación del daño y una serie de condiciones dictadas por el juez.
Carreño fue subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas en la administración pasada, y por el mismo asunto también están procesados Jesús Antonio Suárez Hernández, ex director general de Denuncias e Investigaciones, y Daniel Pérez Rueda, ex director general adjunto de Investigaciones de la SFP.
Los tres fueron vinculados a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, porque presumiblemente fueron omisos ante la sustracción del expediente de la casa adquirida en las Lomas de Chapultepec por Angélica Rivera, ex esposa del Presidente Peña.
El 30 de junio del año pasado, un juez de control federal del Reclusorio Norte le negó al ex subsecretario suspender en forma condicional el proceso, mediante un mecanismo alterno de sanción como puede ser la reparación del daño. El ex funcionario ha argumentado que este asunto debió dirimirse por la vía administrativa y no penal, máxime que la misma FGR ha dicho que el expediente de la «Casa Blanca» fue sustituido con una copia certificada de la versión pública.
Tras la negativa, Carreño apeló y consiguió que la magistrada Isabel Porras ordenara la realización de una nueva audiencia, sólo que en ese nuevo fallo el juez deberá ceñirse a un solo punto.
Esto es, al tema del cumplimiento o incumplimiento de una suspensión condicional en otro proceso.
Libra castigo por enriquecimiento
La Fiscalía General de la República determinó que no halló evidencias de que Bernardo Bosch Hernández, ex gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social de Pemex, incurriera en un enriquecimiento ilícito de 6 millones 534 mil 640 pesos.
Conforme a fuentes federales, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, a cargo de María de la Luz Mijangos, dictó el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación FED/FECC-CDMX/0000090/2019, en favor del ex funcionario.
El señalamiento en su contra era que de 2011 a 2015 presumiblemente registró ingresos superiores a los que percibía como servidor público de Pemex por una suma de más de 6.5 millones, aparentemente sin una justificación.
La indagatoria iniciada el 20 de mayo de 2019 tuvo su origen en una denuncia de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de Bosch, también asesor del ex director de Pemex Exploración y Producción, Miguel Ángel Lozada Aguilar.
El órgano administrativo estableció que Bosch había registrado un incremento injustificado de sus ingresos por 6.5 millones de pesos, luego de practicarle un procedimiento de verificación patrimonial.
Y con base en esas conclusiones, la SFP inhabilitó a Bosch con 10 años para desempeñar cualquier cargo y lo denunció.
El ex mando de Pemex en principio presentó un juicio de nulidad contra dicha sanción. Luego se defendió ante la Fiscalía y ésta dictaminó que los recursos imputados tenían una justificación contable y, por tanto, no existía delito por perseguir.
Es decir, Bosch ya no tiene ningún pendiente legal con la FGR y la SFP, al menos por irregularidades en su patrimonio.
Según antecedentes, el caso contra Bosch era parte de un paquete de denuncias que la SFP, entonces a cargo de Irma Eréndira Sandoval, presentó contra varios funcionarios y ex servidores públicos de Pemex.
El caso más relevante fue el del ex director de Pemex Exploración y Producción, Miguel Ángel Lozada Aguilar, denunciado por un presunto desvío de 82 millones 863 mil pesos, dentro de la llamada Estafa Maestra, expediente que también fue archivado por la FGR.
Tumban sanción por helicóptero
Un tribunal federal ha cancelado en forma definitiva el proceso iniciado a Gustavo Armando Kanan Brito, ex director de Recursos Materiales de la entonces PGR, por el presunto sobrecosto de 2 millones de dólares de un helicóptero comprado para el uso del ex Procurador Jesús Murillo Karam.
El Primer Tribunal Colegiado Penal en la CDMX sentenció que está prescrito el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades imputado a Kanan. Los magistrados también declararon prescrito el ilícito para el General José Antonio Ramos, ex director de Servicios Aéreos de la PGR.
De acuerdo con la sentencia, el plazo para que la FGR persiguiera en este asunto el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades transcurrió del 30 de octubre de 2013 al 30 de enero de 2020. Sólo que para considerar la totalidad de esos 6 años con 3 meses hay una condición: que la Fiscalía lleve a cabo una actuación en su indagatoria en la primera mitad de ese lapso temporal, que en este caso debió ser entre el 30 de octubre de 2013 y el 15 de diciembre de 2016.
La FGR judicializó este asunto el 22 de enero de 2020, una semana antes de vencerse el plazo de 6 años 3 meses, pero no realizó un acto de investigación en el tiempo establecido.
En 2013, la entonces PGR compró en 7.6 millones de dólares un helicóptero Eurocopter EC-145 con un supuesto sobrecosto de 2 millones de dólares. A Kanan se le atribuyó la autorización del pago y al General el haber señalado que el precio del helicóptero era de 7 millones de dólares.
Queda sin castigo subsidio ilegal
Un tribunal federal ordenó cancelar el proceso iniciado a Jaime Nova Palma, ex administrador de la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por presuntamente otorgar un subsidio sobre impuestos de más de 12 millones de pesos en dos pedimentos de importación de diésel.
El magistrado Salvador Tapia García, titular del Primer Tribunal Unitario de Michoacán, determinó que no hay elementos para procesar a Nova y a Alejandra Estefanía Rincón Alvarado, verificadora de Aduanas, por el delito de uso ilícito de sus atribuciones y facultades.
Nova Palma fue uno de los 32 administradores de aduanas -de los 49 en todo el país- que el SAT removió de sus cargos en abril de 2021, ante las sospechas de supuestas irregularidades administrativas y actos de corrupción.
