Tanto la nueva Ley de Aguas como la escasez de este recurso en diversas zonas de Querétaro han desatado una ola de protestas en la entidad gobernada por el panista Mauricio Kuri.
De acuerdo con la activista Teresa Roldán, la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado, avalada el 21 de mayo pasado, permite concesiones hasta por 20 años. Los particulares podrán obtener contratos de obra pública, supervisión, conservación y ampliación del sistema de agua potable.
«La Ley no incluye dentro de su objeto primordial, garantizar agua a los ciudadanos como parte de un derecho, ni asegurar la calidad y disponibilidad de la misma», comentó.
La experta advirtió que a la fecha operan 22 concesiones de manera ilegal en el Estado.
La llamada Ley de Aguas se aprobó con 16 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones y en su apartado sobre Participación de los Sectores Social y Privado refiere que serán los municipios o bien la Comisión Estatal de Aguas (CEA) las que entreguen las concesiones y sean las responsables de la supervisión, vigilancia y cumplimiento de las obligaciones.
También se advierte que dichas concesiones se otorgarán por plazos de hasta 20 años, con posibles prórrogas con lapsos similares a los asignados originalmente.
Roldán sostuvo que en materia de concesiones, dicha normativa otorga funciones a los municipios cuando es una facultad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
«Les explicamos que esta no iba a ser una Ley de Aguas, lo que iba a hacer era legitimar lo que estaba ilegítimo. Las autoridades argumentaron que era para poner en orden a los concesionarios, pero los concesionarios tienen una autorización ilegal por parte del Congreso y ahora por parte del Poder Ejecutivo para dotar de agua a los diversos lugares», mencionó Roldán.
Activistas de la entidad han solicitado tanto al Gobernador como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el veto de esta ley y adelantaron que solicitarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declare su inconstitucionalidad.
Esta inconformidad se suma a la de habitantes de Santiago Mexquititlán, quienes el pasado 10 de junio se manifestaron frente a la CEA en contra de la concesión de los pozos de agua y acusaron privatización del agua.
Los manifestantes fueron retirados y detenidos por elementos de la Policía Estatal. La Fiscalía General de Querétaro dio a conocer que enfrentan los delitos contra la seguridad y el funcionamiento de las vías de comunicación.
Impacta escasez
Según un análisis del investigador Gustavo Perrusquía, existe una escasez por la sobreexplotación de los acuíferos, la falta del recurso y problemas de infraestructura derivados del crecimiento urbano.
Al respecto, Mario Rodríguez, ingeniero civil y miembro de la asociación Urbanidad Consciente y Sustentable, indicó que en diversas administraciones se han otorgado permisos para la construcción de desarrollos inmobiliarios sin garantizar el abasto de agua a mediano y largo plazo.
«Querétaro ha crecido de manera poco controlada y planificada. Los municipios han otorgado permisos de construcción sin ton ni son y el futuro ya nos alcanzó: el agua es limitada. De seguir así seremos de los estados con un importante déficit de agua y estaremos viviendo situaciones similares o peores a las de Monterrey. Debe existir un freno por parte de las autoridades hasta que no solucionen el problema del abasto de agua, el tema del drenaje, etc».
Puntualizó que las inversiones y nuevas empresas que llegan a Querétaro impulsan el desarrollo económico de la entidad, pero también generan un gasto significativo de agua.
Sumado a lo anterior y tras las detenciones que se suscitaron frente a la CEA, campesinos de Cadereyta amenazan con impedir el paso del agua hacia la capital del estado en los próximos días.
Brotan protestas por déficit hídrico
Los reclamos, manifestaciones, bloqueos viales e ingresos forzados a instalaciones gubernamentales han brotado en las últimas semanas en al menos ocho entidades del País como forma de exigir soluciones a las autoridades por la escasez y regulación del agua potable.
Ciudadanos de Sonora, Nuevo León, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Hidalgo, Querétaro y Ciudad de México han salido a las calles a demandar el líquido.
De acuerdo con datos del Monitor de Sequía de la Conagua, los tres niveles más graves (severa, extrema y excepcional) se encuentran en 16 estados, es decir; la mitad del territorio nacional. Los problemas más graves se ubican en la zona norte con Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.
