El Gobierno de Gran Bretaña ordenó este viernes la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje, un paso importante, pero no definitivo, para el desenlace de una batalla legal que dura ya una década. WikiLeaks dijo que recurrirá la decisión, y tiene un plazo de 14 días para presentar una apelación.
La secretaria británica de Interior, Priti Patel, firmó la orden de extradición de Assange a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por la publicación en WikiLeaks de una gran cantidad de documentos clasificados hace más de una década.
La decisión llegó a manos de Patel luego que una corte británica determinó en abril que Assange podía ser enviado a Estados Unidos para que pueda ser juzgado por 17 cargos de espionaje y uno de uso indebido de computadoras. La fiscalía estadounidense sostiene que ayudó ilegalmente a Chelsea Manning, analista de inteligencia del ejército estadounidense, a robar cables diplomáticos y archivos militares clasificados que fueron publicados después por WikiLeaks y pusieron muchas vidas en peligro.
El Ministerio del Interior indició en un comunicado que «los tribunales de Gran Bretaña no han encontrado que extraditar al sr. Assange pueda ser opresivo, injusto o un abuso procesal» y que, por ello, el ejecutivo aprobó la medida.
«Tampoco se ha determinado que la extradición sea incompatible con sus derechos humanos, incluyendo su derecho a un juicio justo y a la libertad de expresión, y que mientras esté en Estados Unidos será tratado de forma adecuada, incluyendo en relación con su salud», añadió.
Los seguidores y los abogados de Assange, de 50 años, sostienen que estaba actuando como un periodista y que tiene derecho a las protecciones que concede la Primera Enmienda a la libertad de expresión por la publicación de documentos que expusieron las irregularidades militares de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Alegan que el caso tiene motivaciones políticas y que en el país no podría tener un juicio justo.
«Hoy no es el final de la lucha. Es el comienzo de una nueva batalla legal», dijo la esposa de Assange, Stella Assange, añadiendo que la decisión es «un día oscuro para la libertad de prensa y para la democracia británica».
«Julian no hizo nada malo», manifestó. «No ha cometido ningún delito y no es un criminal. Es un periodista y editor, y está siendo castigado por hacer su trabajo».
Luego de una batalla legal que llegó hasta el Tribunal Supremo del país, un juez aprobó la extradición en abril, pero dejó la decisión final en manos del ejecutivo.
Organizaciones de periodistas y grupos de derechos humanos habían pedido a Londres que rechazara el pedido de Washington. Los abogados de Assange afirman que, si la justicia estadounidense lo condena, podría enfrentar hasta 175 años de cárcel, aunque las autoridades del país apuntaron que su posible sentencia podría ser mucho más baja.
Por su lado, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, dijo el viernes que la extradición «pondría (a Assange) en peligro y envía un mensaje escalofriante a los periodistas en todo el mundo».
«Si la extradición sigue adelante, a Amnistía Internacional le preocupa enormemente que Assange enfrente un alto riesgo de confinamiento solitario prolongado, lo que violaría la prohibición de torturas u otros malos tratos», agregó.
«Las garantías diplomáticas ofrecidas por Estados Unidos de que Assange no será retenido en régimen de aislamiento no pueden tenerse en cuenta dados los antecedentes».
Assange está retenido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres, desde 2019. Antes de eso, pasó varios años refugiado en la Embajada de Ecuador en la capital británica para evitar su extradición a Suecia por supuestos cargos de violación y abuso sexual, que se retiraron en noviembre de 2019.
