Cámaras de comercio, abarroteros y restauranteros están protestando a la Secretaría de Salud (Ssa) por restricciones adicionales al tabaco.
La prohibición absoluta para exhibir productos de tabaco en todo tipo de comercios es la medida que más reclamos ha provocado.
La Secretaría de Salud también plantea la prohibición de servir alimentos y bebidas en áreas para fumar, así como de cualquier actividad de responsabilidad social o donativos de las tabacaleras.
Estas medidas serían impuestas por la Ssa en el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco (LGCT).
Hasta el pasado 14 de junio, los afectados han hecho 367 comentarios sobre el proyecto, actualmente en consulta pública en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.
«Ocultar los productos fomentará informalidad y el comercio ilícito», dijo la Asociación Nacional de Abarroteros.
También coinciden en que se viola el principio de reserva de ley, pues el Ejecutivo estaría imponiendo restricciones no previstas por el Congreso en su reforma a la LGCT.
«Se están modificando fracciones e incluyendo restricciones adicionales a las aprobadas por el Congreso en el proceso legislativo para la modificación a la LGCT, excediendo las facultades con las que cuenta la Ssa», sostuvo la American Chamber of Commerce.
El Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (Conainta) rechazó la eliminación de acciones de responsabilidad social de las empresas, pues alegó que no se trata de publicidad, sino de apoyos a agricultores y otros integrantes de la cadena productiva.
También acusó trato discriminatorio al tabaco respecto de otros productos lícitos que dañan la salud, como el alcohol.
«La venta de cigarros representa alrededor del 25 por ciento de la venta promedio mensual de los pequeños comercios, y éstas unidades económicas generan sustento para más de 439 mil personas a nivel nacional, de las cuales 48 por ciento corresponde a mujeres» señaló la Canaco-Monterrey.
Conamer también ha recibido protestas por el tema de los cigarros electrónicos, que el Ejecutivo prohibió por decreto el 31 de mayo.
