Un juez federal abrió la puerta para que la Fiscalía General de la República pida una orden de aprehensión contra Ignacio Mendoza Gandaria, mando del Centro Nacional de Inteligencia y de su predecesor el Cisen, por presuntos delitos cometidos en la investigación del Caso Iguala.
Felipe de Jesús Delgadillo, juez de control el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, instruyó a la FGR investigar la veracidad de una prueba COVID y un informe médico que presentó el funcionario para justificar su inasistencia a la audiencia inicial a la que estaba citado la mañana de este lunes.
En la diligencia, a la que asistió Omar Gómez Trejo, Fiscal del Caso Iguala, Mendoza Gandaria iba a ser imputado por los delitos de desaparición forzada, tortura, coalición de servidores públicos e intervención de comunicaciones privadas.
«Se fijan 48 horas para que (la defensa) presente la prueba COVID y el informe médico que envió por correo electrónico, es claro que se auto medicó y que el aislamiento recomendado por COVID es de 7 días y que el imputado lleva 8 días que reportó haber sido contagiado», dijo Delgadillo Padierna.
«La Fiscalía tendrá que revisar los documentos y puede solicitar todo aquello que a su interés convenga».
La imputación contra Mendoza deriva de haber estado presente con Tomás Zerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, en un interrogatorio en el que fue torturado Felipe Rodríguez Salgado «El Cepillo», presunto miembro de Guerreros Unidos relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Este interrogatorio fue grabado en un video difundido el 13 de julio de 2020 y en el que organizaciones como la ONU-DH advirtieron posibles actos de tortura al presunto narcotraficante. Mendoza, señalan, es el hombre que aparece frente al detenido.
Originalmente, esta audiencia iba a celebrarse el 2 de junio pasado de manera remota, pero fue aplazada porque su defensa adujo que no conocía toda la carpeta de investigación, por haber asumido la representación legal recientemente.
Su abogado Javier Avendaño acudió este lunes a la audiencia sin su cliente y pidió el diferimiento de la misma, aduciendo que desde el viernes notificó que Mendoza padece COVID y que al día siguiente su estado de salud se había agravado con pronóstico reservado, al grado de ser auxiliado con oxígeno para respirar.
Tanto el fiscal Gustavo Cartas como Daniela Aguirre, la representante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, señalaron al juez que la justificación de inasistencia era una táctica dilatoria para evadir la justicia.
Incluso, Aguirre pidió a Delgadillo Padierna considerar que en casos de delitos de lesa humanidad como son la tortura y desaparición forzada, dictadores como el guatemalteco Efraín Ríos Mont y el peruano Alberto Fujimori fueron juzgados a pesar de su mal estado de salud.
Aunque Mendoza Gandaria estaba citado hoy a las 11:00 horas en forma presencial, a las 9:53 horas lo contactaron desde el centro de justicia y le proporcionaron un número de ID para darle la oportunidad de comparecer por videoconferencia, considerando sus padecimientos.
Pero como ni siquiera se conectó, el juez Delgadillo Padierna no pudo ocultar su disgusto, máxime que recordó que el imputado informó que salió positivo desde hace 8 días y que el plazo de aislamiento recomendado hoy es de 7 días.
«Pese a que estaba debidamente notificado, vía WhatsApp y se le hizo llegar el ID de la reunión para que compareciera, no se conectó, siendo que no era si él quisiera o no conectarse, era una obligación conectarse», dijo el juzgador.
En esta diligencia de 15 minutos de duración, acudió como parte del público Francisco Cox Vial, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Al salir del centro de justicia, el fiscal Omar Gómez Trejo anticipó que investigarán los documentos médicos de Mendoza Gandaria, para establecer si son o no auténticos.
«Vamos a instruir lo que el señor juez mandó, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a investigar la veracidad del tema médico que nos reportó la persona», dijo.
Sobre el caso de Mendoza Gandaria, la autoridad investigadora ha establecido que el video mencionado fue filmado en enero de 2015 en las instalaciones de la Policía Federal Ministerial, en la Calle de Moneda.
Ahora también se tiene conocimiento de que horas después Mendoza habría interrogado a «El Cepillo» sin la participación de personal ministerial, en la sede de la hoy Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.
La FGR también pretende fincarle a Mendoza el delito de intervención de comunicaciones privadas, porque presumiblemente extrajo sin autorización judicial la información del teléfono celular de «El Cepillo», tras su captura.
En el sexenio pasado, todos los videos de los interrogatorios a los implicados en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa fueron entregados por la FGR al Cisen, incluidos aquellos en los que hoy se basan las investigaciones y procesos penales por torturas a los detenidos.
Mendoza Gandaria entró al Cisen en 1997 y desde entonces su carrera en el organismo de inteligencia y su sucesor el CNI, sólo ha tenido un receso de 7 meses durante un cuarto de siglo.
En agosto pasado, Mendoza fue destituido como director de Apoyo a la Operación del CNI, luego de una investigación interna que derivó en una denuncia ante la FGR por la presunta sustracción de información del órgano de inteligencia.
En marzo pasado, luego de que la Fiscalía archivara dicha indagatoria por falta de elementos, Mendoza regresó a las filas del CNI.
