José extraña recorrer los surcos donde sembraba maíz y frijol junto a su casa en Guadalupe y Calvo, municipio enclavado en la Sierra Tarahumara del cual huyó tras ser amenazado por integrantes de la delincuencia organizada.
«Nosotros, la familia, hemos dicho que queremos regresar, pero ahí están los malandros, los malos, los sicarios. No podemos regresar porque, si regresamos, pues nos matan», lamentó el rarámuri de 56 años.
La Fiscalía de Chihuahua ha documentado desde 2017 el desplazamiento de al menos 500 personas a causa del crimen organizado y de caciques.
«Entre el 90 y 95 por ciento de las víctimas viene de la zona serrana, de la Sierra Tarahumara», indicó Armando Acosta, coordinador de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada, de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada, que comenzó a operar en 2019.
Chihuahua es uno de los estados del País con más personas afectadas por el desplazamiento forzado, considerado como una violación a los derechos humanos y que no está tipificado como delito.
El problema se concentra, sobre todo, en Guadalupe y Calvo, así como en municipios serranos como Uruachi, Balleza, Guachochi, Madera, Témoris, Guazapares, Batopilas, Urique y Bocoyna, así como en demarcaciones de la región centro-sur como Saucillo y Delicias.
El desplazamiento interno forzado deriva de la violencia del crimen organizado que, de acuerdo con autoridades, mantiene cooptadas a comunidades serranas.
«Amenazan con causarle algún daño a la persona o a su familia o a cualquier otro miembro de ahí, de la comunidad, si es que (las víctimas) no deciden abandonar o escapar, irse de ese lugar, de su residencia», señaló Acosta.
«Es para apoderarse de sus predios, de sus tierras». Una vez que los delincuentes forzaron el desplazamiento, los terrenos son utilizados para la siembra de droga.
«Es el factor para poder desplazarlos de sus tierras, de sus terrenos, poder utilizarlos para la siembra de drogas o cualquier otra actividad ilícita», anotó Acosta.
La asociación Alianza Sierra Madre, que trabaja en defensa del territorio en la Sierra Tarahumara, advirtió que el desplazamiento forzado comenzó en 2008 y continuó en los años siguientes.
«Es un fenómeno que se empezó a dar en la Sierra Tarahumara, población mestiza e indígena, y esto fue a partir de la declaratoria de combate al narcotráfico del (entonces) Presidente Felipe Calderón», señaló Isela González, directora de Alianza Sierra Madre.
«Me toca ver ese fenómeno, cómo se da el desplazamiento de manera muy silenciosa. Se da de manera silenciosa y los que se desplazaban eran gente con recursos y sin recursos».
En la comunidad de Coloradas de la Virgen, en Guadalupe y Calvo, se ha registrado además el asesinato de activistas defensores del territorio.
«Las desgracias empezaron desde hace mucho y no se han terminado de ir.
Tienen nombres y apellidos, empezó con Felipe Calderón y siguió con Enrique Peña Nieto, y todavía no se termina de ir con Andrés Manuel (López Obrador)», acusó la activista.
