SALTILLO, COAHUILA. – En México, durante los últimos años se han incrementado considerablemente los síndromes depresivos y ansiosos, epilepsia, demencia, esquizofrenia, adicciones y trastornos del desarrollo infantil.
En el año 2020 la Organización Mundial de la Salud, declaró la pandemia ocasionada por el COVID-19, impactando la vida de todo el mundo ante la propagación de este virus, obligándonos a cambiar nuestra vida cotidiana realizando esfuerzos por contener y frenar la propagación del virus.
Ante esto, la Diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, presentó un pronunciamiento durante la pasada Sesión del Congreso del Estado de Coahuila, sobre el nuevo modelo de salud mental.
“Recientemente la Secretaría de Salud Federal, implementó una reestructuración en el sistema de salud, en el cual desaparecen los 33 hospitales psiquiátricos en el país, para que ahora las familias sean las encargadas de atender la ansiedad, la depresión, la bipolaridad o esquizofrenia de sus familiares”, destacó la congresista.
Agregó que, aunque la intención del Gobierno Federal es buena, una restructuración, implica mucho más que la creación de nuevos modelos de atención de salud mental, ya que no podemos pausar todo el proceso mientras surge la implementación de estas nuevas políticas públicas; es decir se trata de prever la materialización de esta reforma de una manera realista.
“Resulta lamentable que si la comunidad es quien está padeciendo enfermedades mentales, sea la misma comunidad quien tenga que tratar estos problemas, que, aunque exista empatía y sensibilidad, no se cuenta con los conocimientos profesionales para la trata de estos padecimientos, o bien que sean tratados como cualquier otro padecimiento en hospitales generales o centros ambulatorios, sin recursos extraordinarios, considerando que la realidad de muchas personas con enfermedades mentales son abandonados por sus mismas familias”, resaltó.
Finalmente, explicó que la atención profesional y especializada necesaria para una persona con problemas psiquiátricos no puede ser sustituida por la atención de la familia, el Estado es quien debe garantizar su acceso y protección de la salud mental, de acuerdo a las necesidades de cada paciente, no de manera general.
