Por Pascal Beltrán del Río
Inflación, extorsión y productividad
La actual inflación en México es la más alta en dos décadas. Como sucede en prácticamente todo el mundo, el aumento de precios es multifactorial, una combinación de fenómenos locales y globales.
En el caso de nuestro país, no puede descartarse que la carestía viene en parte por el impulso de las acciones del crimen organizado, que ha comenzado a adueñarse del mercado legal de alimentos.
Ayer, Excélsior publicó como su nota principal que la delincuencia –además de traficar drogas y personas y de robar combustibles y hasta agua– está interfiriendo en la producción, distribución y venta de productos como pollo, carne, leche, huevo, tortilla, refresco, cigarros y cerveza.
Muchos casos han documentado esta práctica: las tortillerías de Celaya, las pollerías de Chilpancingo, las carnicerías de Ciudad Hidalgo y los expendios de cerveza de Culiacán son algunos ejemplos bien conocidos.
De acuerdo con datos del Observatorio Nacional Ciudadano, los criminales han distorsionado el mercado en poblaciones de los 500 municipios más pobres del país, imponiendo derecho de piso y cuotas a comerciantes, transportistas e incluso a campesinos –bajo la amenaza de matar a quienes se opongan o de quemar sus negocios–, acciones que han elevado los precios al consumidor.
Francisco Rivas, director del Observatorio, a quien entrevisté ayer en Imagen Radio, indicó que las denuncias por extorsión, en sus diversas modalidades, crecieron 28% en los últimos 12 meses –de acuerdo con datos oficiales– y los tres años calendario de la presente administración federal son los que cuentan con mayor número de víctimas por ese delito desde que se compila esa cifra.
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido el crecimiento de la extorsión, su gobierno no tiene un plan específico para combatirla, agregó Rivas.
A las cuotas y el derecho de piso se agrega el robo al transporte de carga como factor que incide en la elevación de los costos de producción y distribución de mercancías, misma que inevitablemente llega al comprador final.
¿Qué porcentaje agregan estas actividades ilegales a la inflación? Difícil saberlo. Pero mientras la extorsión avanza por el país –sobre todo en los municipios más pobres, donde la debilidad institucional es mayor–, el Presidente sostiene que la mejor manera de combatir la inflación es mediante la productividad.
El viernes, López Obrador criticó a los bancos centrales del mundo por siempre recurrir a la elevación de las tasas de interés para atajar el aumento de los precios.
“Hay que buscar otras opciones y hay que regresar a la idea original de que los pueblos progresan fundamentalmente con producción, que eso es lo básico, producir, no apostar todo al mundo financiero, a la especulación; se requiere impulsar la actividad productiva en todo el mundo”, comentó.
Sin duda, un aumento de la producción beneficia la disponibilidad para el consumidor y, si no está en las mismas manos, puede dar lugar a una mayor competencia y con ello, ayudar a reducir los precios. Sin embargo, una condición para elevar la producción es crear condiciones para la inversión y de eso no vemos mucho en México, desafortundamente.
Una inversión pública limitada, que no ayuda a dotar al país de la infraestructura necesaria; un clima político que no genera la confianza que requieren las inversiones, y un entorno de extorsiones a negocios y robo de mercancías no son la mejor carta de presentación para aumentar la producción.
La extorsión se ha convertido en un impuesto por encima de los que recolecta el SAT y ha hecho subir los precios en combinación con las disrupciones en las cadenas de suministro causadas por la pandemia y la disminución del comercio de granos y acero a que ha dado lugar la invasión rusa de Ucrania.
Quizá pueda hacerse poco por contrarrestar desde México esos componentes globales de la inflación, pero no tendría por qué haber excusas para combatir la extorsión y mejorar el clima de inversión, si se quiere que el país sea más productivo.
