Un tribunal unitario de enjuiciamiento condenó a 3 años de prisión y multa de 3 mil 19 pesos a Roberto Cabrera Alfaro, ex Comisionado Nacional de Búsqueda, por entregar ilegalmente 49 mil perfiles genéticos a una empresa que lucró con la información.
Al ser hallado culpable del delito de ejercicio ilícito del servicio público, también le impuso la inhabilitación para ocupar cargos públicos y participar en concursos de contratación pública por un periodo de dos años, así como la amonestación pública y pérdida de sus derechos políticos y civiles.
Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez federal constituido como tribunal de enjuiciamiento, absolvió al ex funcionario de la reparación del daño, al estimar que este concepto no puede ser cuantificado.
“Roberto Cabrera Alfaro se valió de su cargo en la Comisión Nacional de Seguridad para utilizar de manera ilícita información a la que tenía acceso con motivo de su encargo”, dijo el juzgador.
“El daño ocasionando fue grave porque se utilizó información confidencial y reservada y puso en riesgo la seguridad nacional. Se le reprocha la entrega de la información, la gravedad de la conducta se determina por el tipo de información reservada y confidencial en términos de la Ley de Seguridad Nacional”.
Al menos en este sexenio, este es el primer caso en que un alto funcionario de la administración pasada es sentenciado por la transferencia ilegal de información del Estado Mexicano considerada como reservada y confidencial.
A pesar de la sentencia privativa de la libertad, Cabrera no pisará la cárcel porque el juzgador le concedió la sustitución de la pena por un total de mil 95 días de trabajo en favor de la comunidad.
Otra opción es la alternación de reclusión y libertad, sin librarse del pago de la multa.
En su fallo, Delgadillo Padierna también sentenció al ex comisionado a pedir una disculpa pública por sus actos y a la Secretaría de Gobernación a llevar a cabo un acto público de reconocimiento de los hechos en el que refiera que fueron violados los derechos humanos de los deudos de los desaparecidos.
El impartidor de justicia también ordenó a la Fiscalía General de la República continuar con las investigaciones contra las demás personas relacionadas en la transmisión y comercialización de la base de datos con los perfiles genéticos.
Al salir del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Javier Cruz Angulo, abogado de Cabrera, manifestó su desacuerdo con la sentencia y dijo que presentará un recurso de apelación.
El tribunal de enjuiciamiento halló culpable al ex Comisionado de que el 31 de mayo de 2017 a las 18:00 horas, en las oficinas de la entonces Comisión Nacional de Seguridad (Conase), en Avenida Constituyentes, entregó 49 mil perfiles genéticos a la empresa ADN México-Central ADN.
La información la habría proporcionado en una memoria USB a Mariana García Sosa, directora comercial de Genética Forense de ADN, quien supuestamente descargó la información en una computadora laptop.
La ilicitud del acto radica en que el entonces titular de la CNB no suscribió un contrato para dicha entrega, ni hubo una evaluación de impacto, no obstante que se trataba de información sensible que podría caer en manos de la delincuencia organizada.
La entrega de documentos se realizó como parte de una oferta que hizo la empresa a la Conase para digitalizarle más de 45 millones de perfiles genéticos a un costo de 70 millones de pesos, pero nunca se formalizó un contrato.
Aunque Cabrera negó haber estado ese día en las oficinas y presentó documentos que señalan que entre el 29 y 31 de mayo de 2017 estuvo en Culiacán y que, al regresar a la Ciudad de México, su escolta lo trasladó a su casa en Santa Fe, el juez dio por acreditado que sí entregó la base de datos.
Existe un oficio de esa fecha firmado por el ex comisionado, que establece la entrega de la información a la empresa, y la misma Mariana García Sosa sostuvo ante el juez que sí recibió los perfiles genéticos de manos del ex comisionado.
La compañía asegura que tiempo después acordó destruir la base de datos entregada por Cabrera.
Sin embargo, esta noche, en la audiencia de individualización de la pena, comparecieron dos testigos que declararon a grandes rasgos que la mencionada representante y accionista de ADN acostumbraba a recabar los registros genéticos de personas desaparecidas en distintas entidades del país.
Óscar Maca Viesca y Aracely Magdalena Rodríguez Nava, activistas y padres de desaparecidos, declararon que García Sosa pidió esas bases de registros genéticos a las Fiscalías de Coahuila, Morelos y San Luis Potosí.
Agregaron que la representante de ADN, con laboratorios en Morelia y la Ciudad de México, le pagó viajes a Mazatlán a los deudos; acopió ilegalmente la información genética; perdió al menos una memoria USB con dichos registros y cuando hizo confrontas e identificó a desaparecidos no lo informó a sus familiares.
Por esta razón, el juez ordenó que la FGR amplíe la investigación contra los demás involucrados en este tipo de comercio de datos.
En la audiencia se mencionó que la FGR en su momento firmó un convenio con la empresa cuestionada para una prueba piloto, sin embargo, este indicio no fue materia del juicio y la propia dependencia federal no abundó al respecto.
