Desde hace seis años, Yesenia Zamudio busca que las autoridades investiguen el feminicidio de su hija.
El 15 de enero de 2016, María de Jesús, estudiante de ingeniería petrolera del Instituto Politécnico Nacional (IPN), se había reunido con compañeros y uno de sus profesores, Julio Iván.
Vecinos escucharon que compañeros de Marichuy y el maestro le gritaban y, tras ataques y empujones, cayó de la ventana de un edificio en Ticomán, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, por lo que los colonos avisaron a cuerpos de emergencia.
Marichuy fue llevada grave a un hospital público, donde falleció el 26 de enero del mismo año.
Su madre detalló que el caso se hubiera cerrado como suicidio por las negligencias que hubo desde el inicio, de no ser por su insistencia.
Aún así, han pasado seis años y no ha habido avances en el caso.
El 21 de junio de 2016 logró que fuera emitida una recompensa para encontrar a Julio Iván “R” y Gabriel Eduardo “G”, presuntamente relacionados con la muerte de Marichuy.
Yesenia destacó que la publicación es una de las muchas gestiones que ha tenido que hacer para que el caso de su hija no sea archivado.
Señaló que la recompensa es muestra de la incapacidad de las autoridades para aprehender a los presuntos implicados.
“Qué vergüenza que los tenga que buscar la ciudadanía y yo misma, porque las autoridades no pueden”, lamentó.
En la misma Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México, donde se ofrece la recompensa, se reconoce la falta de avances.
“Derivado de las diligencias practicadas para el esclarecimiento de los hechos en las carpetas de investigación FBJ/BJ1/T2/370/16-01, aún no se ha logrado conocer el paradero de los probables responsables y/o imputados”, se lee en el documento.
Desde el 27 de enero de 2016 había una orden de presentación para Julio Iván, quien, acusó Yesenia, era profesor de Marichuy y la acosaba, y Gabriel, su compañero.
Aseguró que, al no obligarlos a que asistieran, permitieron que se fugaran.
Ante los pocos avances, busca que su caso lo atraiga la Fiscalía General de la República, con la esperanza de que se le dé seguimiento.
Agregó que las autoridades no actuaron conforme a los protocolos, pues el departamento donde ocurrieron los hechos no fue asegurado y no se hicieron peritajes.
Además de que la autopsia que le hicieron a Marichuy no estaba completa ni en un 40 por ciento, señaló.
Incluso, Yesenia tuvo que solicitar otros peritajes para evitar que faltaran pruebas y se le diera carpetazo al caso de su hija.
El IPN respaldó la teoría de que se trataba de un suicidio y no ayudó a Yesenia, por lo que exigió una disculpa pública, pues había muchos comentarios de odio en su contra de parte del alumnado.
En enero pasado consiguió que el Instituto reconociera que revictimizó a su hija.
Federico Anaya Gallardo, abogado general del IPN, reconoció que los mecanismos del Instituto para la prevención y protección contra la violencia de género resultaron ineficaces.
Yesenia ha realizado diversas movilizaciones para conseguir ser escuchada.
