La Consejería Jurídica del Ejecutivo federal pidió a la Suprema Corte de Justicia bloquear la difusión pública de oficios firmados en 2021 por Alejandro Esquer, secretario particular del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por considerar que se pone en riesgo la seguridad nacional.
La presidencia de la Corte notificó el 5 de julio que concedió la suspensión en el recurso que promovió la Consejería bajo la Ley de Seguridad Nacional.
En el recurso pide anular la resolución 3822/2022 del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) del 8 de junio, que ordenó entregar los documentos a un solicitante.
Es la primera vez en este sexenio que la CJEF presenta un recurso de este tipo para impugnar acceso a información originada en la Presidencia de la República.
Esquer Verdugo firmó 89 oficios en 2021, de los que 61 fueron clasificados como públicos, y el pasado 28 de febrero se pusieron a disposición del solicitante de la información en copias simples.
Pero los documentos restantes fueron reservados. En 11 casos, porque se revelarían nombres de un Almirante y varios vicealmirantes del Estado Mayor que coordinan operaciones contra la delincuencia, así como de las regiones navales a las que pertenecen.
En otros cuatro casos, porque se divulgaría información sobre la capacitación y adiestramiento del personal de la Marina lo que, según la Presidencia, facilitaría a la delincuencia atentar en su contra.
Otros 13 oficios fueron reservados por tres años, porque incluyen información de procedimientos sancionatorios en curso ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral.
El INAI aún no ha publicado la resolución 3822/2022, por lo que se desconoce que partes de la respuesta de la Presidencia fueron modificadas o revocadas.
En materia de nombres de funcionarios de seguridad nacional, por ejemplo, el INAI tiene múltiples precedentes avalando la reserva.
La Ley de Seguridad Nacional ordena a la Corte suspender la entrega de información mientras se resuelve sobre la legalidad de la decisión del INAI, lo que puede tomar mas de un año.
Además de suspender la resolución del Instituto, la presidencia de la Corte turnó el recurso a la Ministra Loretta Ortiz, para que elabore el proyecto de sentencia que eventualmente discutirá el Pleno.
De los 33 recursos de este tipo presentados por la Consejería a partir de 2019, 28 han sido para bloquear la difusión de información sobre compra y uso de vacunas contra Covid-19 y tres más por órdenes del INAI para dar acceso a la información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Otro de los recursos, que esta semana la Corte declaró infundado, se refiere al Centro Nacional de Inteligencia, sobre documentos relacionados con su desafuero en 2005 y las elecciones de 2012.
