Este año, el déficit fiscal de México, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos del País, será de 3.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mayor al 3.0 por ciento estimado inicialmente, en gran medida por los subsidios a las gasolinas y el diesel para contener el incremento de sus precios, estimó Moody’s.
«Claramente, lo que pesa sobre este posible deterioro que podría verse este año son las dinámicas de subsidios a los combustibles asociados con Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS); es un factor importante», dijo en conferencia Renzo Merino, analista principal de Moody’s para el Gobierno de México.
Desde el 5 de marzo pasado, la Secretaría de Hacienda (SHCP) estableció que se otorgaría un estímulo al 100 por ciento al IEPS aplicado a estos combustibles y subsidios complementarios como medida para evitar mayores incrementos en los precios de gasolinas y diesel al público.
Hasta mayo pasado, el Gobierno ha otorgado casi 99 mil millones de pesos en subsidios a combustibles.
Merino refirió que inicialmente se esperaba que los ingresos petroleros que recibía el Gobierno federal ayudarían a compensar casi en su totalidad los recursos que se iban a perder por dar dichos estímulos.
«Sin embargo, lo que creemos ahora es que dado que ha habido unas dinámicas donde los precios de los combustibles están incrementándose a un ritmo mayor que el del petróleo, eso quizás pueda poner ciertas presiones adicionales que no veíamos hace unos meses», mencionó.
Pese a ello, consideró que las autoridades tomarán decisiones para encontrar un balance entre seguir frenando el posible aumento de precios de combustibles y a la vez tratar de limitar un deterioro mayor de las cuentas fiscales.
La expectativa de la calificadora es que el Gobierno federal mantenga ese déficit fiscal por debajo de 4.0 por ciento del PIB tanto este año y hacia 2024.
Asimismo, Merino explicó que una de las razones por las que la calificadora decidió rebajar la nota del Gobierno de México de Baa1 a Baa2, con perspectiva estable, fue el análisis de lo que denomina la fortaleza fiscal del País, dentro de la que se incluye el apoyo del Gobierno a las empresas estatales.
«Lo que observamos es que en los últimos años ha habido un aumento del apoyo que le da a Pemex para el servicio de su deuda y apoyos adicionales para avanzar con ciertos gastos de capital e inversión, como en el caso de la refinería de Dos Bocas«, dijo.
Describió que los montos de dichos apoyos han promediado entre 1.0 y 1.5 por ciento del PIB anualmente; sin embargo, en cuanto al gasto del Gobierno, han ido aumentando a la vez que los ingresos de la empresa petrolera han ido reduciéndose en los últimos años.
«Si comparamos la contribución neta de estos ingresos, antes de 2018 era de alrededor de 2 puntos del PIB, y en los últimos dos años ha ido disminuyendo a casi estar en balance, cero por ciento del PIB», destacó.
Además, aunque gracias al incremento del precio del petróleo, este año se ha observado un aumento en los ingresos que el Gobierno federal recibe de Pemex, a diferencia de lo ocurrido en el pasado, estos recursos adicionales se están utilizando para compensar las pérdidas por los subsidios aplicados a los combustibles.
«Para la calificación también consideramos la importancia de la deuda de Pemex en cuanto al sector público presupuestario, y lo vemos como un pasivo contingente para el Gobierno federal que, de materializarse, implicaría un deterioro en cuanto a la carga de deuda del Gobierno; sería casi 10 puntos del PIB más alta del nivel actual, que vemos en 41 por ciento.
«Esto provocaría que la deuda del Gobierno de México esté más alineada en la mediana de la categoría Baa, que está más cercana al 53 por ciento. Esto es un factor que vimos también como un riesgo para el perfil crediticio del Gobierno de México», añadió.
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