Petróleos Mexicanos (Pemex) reveló la identidad de dos gerentes en Houston que supuestamente fueron sobornados por la firma suiza Vitol, y la divulgación de sus nombres fue obtenida gracias a una resolución del Instituto Nacional de Transparencia (INAI).
«Los ex funcionarios que presuntamente recibieron sobornos son Carlos Espinosa Barba y Gonzalo Guzmán Manzanilla, quienes ostentaron en su momento el cargo de Gerente General de Contrataciones de Pemex Procurement International, Inc. (PPI)», informó la dirección jurídica de la petrolera en un documento enviado a Quinto Elemento Lab.
Espinosa y Guzmán trabajaron hasta febrero y mayo de 2020 en PPI, la filial de Pemex en Texas a cargo de la contratación de proveedores internacionales. Ambos residen en Estados Unidos y ninguno de ellos estuvo disponible para hacer comentarios.
Pemex informó que los nombres de los presuntos sobornados le fueron entregados por Vitol el 19 de mayo pasado, un año y medio después de que el director de Pemex, Octavio Romero, exigiera al CEO de Vitol que le diera los nombres de quienes habían recibido los pagos ilegales.
El caso se destapó en diciembre de 2020, cuando la compañía europea confesó ante las autoridades de Estados Unidos que sus ejecutivos habían dado 2 millones de dólares en sobornos a funcionarios en México y Ecuador, y entregó otros 8 millones en Brasil, a cambio de información para ganar contratos en esos países.
Aunque Pemex no precisó la fecha de los envíos del dinero ni el monto de los sobornos que presuntamente recibieron los ex funcionarios mexicanos, la dirección jurídica de la empresa estatal reveló algunos detalles sobre el contrato implicado en los pagos ilegales.
Se trata del contrato SAP 5100433317 para el suministro de etano en la terminal de Pajaritos, en Coatzacoalcos. PPI lanzó un concurso en abril de 2018 para comprar etano durante los siguientes dos años, y el contrato de 231 millones de dólares originalmente lo ganó la holandesa Sabic Petrochemicals BV, según el fallo firmado por Carlos Espinosa el 23 de mayo de ese año.
Inesperadamente, la empresa holandesa retiró su propuesta y sin dar más explicaciones hizo llegar una carta a Pemex el 8 de junio en la que notificó que no aceptaba los términos y condiciones del contrato.
Tres días después, Espinosa envió un oficio al apoderado legal de Vitol, Javier Alejandro Aguilar Morales, donde le notificó la decisión de otorgarle el contrato a Vitol y pidió ajustar su propuesta para asumir el precio de la propuesta ganadora. Aguilar aceptó y al día siguiente envió la nueva propuesta económica, según los documentos internos de Pemex a los que tuvo acceso Quinto Elemento Lab.
Aguilar es señalado por la justicia estadounidense como uno de los responsables de haber sobornado a funcionarios de Petroecuador. Espinosa declinó responder mensajes enviados a su teléfono móvil y en su oficina un guardia de seguridad informó que el ejecutivo no deseaba dar entrevistas. El contrato bajo investigación no indica qué rol tuvo Guzmán Manzanilla.
El contrato y los nombres de los funcionarios mexicanos que recibieron los presuntos sobornos forman parte de la carpeta de investigación FED/FECC/0000035/2021 que inició la Fiscalía General de la República (FGR) el 14 de enero de 2021 para esclarecer los pagos ilegales de Vitol.
A través de solicitudes de Transparencia presentadas desde que estalló el caso, tanto Pemex como la FGR se habían negado a identificar a los funcionarios que supuestamente recibieron sobornos y que estaban bajo investigación, pero el INAI ordenó que se dieran a conocer sus identidades por tratarse de un caso de corrupción de interés público.
Gonzalo Guzmán trabajó 20 años en Pemex, donde estuvo a cargo de negociar contratos y gestionar órdenes de compra, mientras que Carlos Espinosa fue gerente de la filial de Pemex en Houston desde septiembre de 2017 hasta febrero de 2020. Sus datos públicos actuales indican que ambos continúan residiendo y trabajando en Texas.
La filial de Pemex en Houston no respondió el cuestionario que se le hizo llegar y la FGR tampoco aclaró si los ex funcionarios fueron citados a declarar o si aceptará la propuesta de reparación del daño por 30 millones de dólares que ofreció Vitol.
