Por Ruth Zavaleta Salgado
La represión contra los migrantes del sur
La singular alegría que manifiesta el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se dirige a los migrantes mexicanos que radican en Estados Unidos de América no es fortuita, tal y como lo expresó a gritos en su primer día de visita a ese país, las remesas están salvando a la economía mexicana.
De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), al cierre del primer trimestre de 2022, había más de 17 millones 300 mil empleados de origen mexicano que, día a día, trabajan del otro lado de la frontera. Con base en los datos de Jesús A. Cervantes González y Rodolfo Ostolaza, esto significa que, en México, 11.1 millones de personas (4.9 millones de hogares) reciben remesas. El destino de la mayoría de estos recursos son las pequeñas comunidades de los estados más pobres del país.
Lamentablemente, detrás de los aplausos que reciben los migrantes mexicanos por la gran hazaña que significa convertirse en la salvación, no sólo de su familia, sino de la economía de toda la República, se encuentra la indolencia y la falta de una política migratoria para garantizar los derechos humanos de los otros migrantes: los que cruzan por México y provienen, en su mayoría, de los países del sur.
En ese contexto, 87 organizaciones de derechos humanos y promigrantes decidieron enviar una carta a los presidentes López Obrador y Biden, en víspera de la reunión que tuvieron los dos mandatarios a principios de esta semana. La petición era simple, pero significativa: que centraran “su discusión sobre la migración en derechos humanos, la protección y la expansión de las vías legales”.
¿Por qué pidieron eso las organizaciones? Desde 2020, argumentan los firmantes, han dado seguimiento a los incidentes y denuncias de abuso contra los migrantes por parte de miembros de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración (INM), de los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y de la Patrulla Fronteriza.
Además de los abusos de las instituciones de gobierno, los migrantes enfrentan la violencia de los grupos criminales. Con base en los datos de estas organizaciones, existen al menos 10 mil 318 informes sobre secuestros y otros ataques brutales contra personas detenidas o expulsadas bajo el Título 42 desde el inicio de la administración Biden.
Además de los datos citados en la carta, en la página de Human Rights Watch se citan otras terribles estadísticas sobre los resultados de la política de persecución que sufren los migrantes en México: en 2021, el INM aprehendió a 307 mil 569 migrantes, comparativamente esto representa tres veces más que en 2020 (que fueron menos de 100 mil).
Ante la dificultad que implica llegar a la frontera norte, también se multiplicó el número de solicitudes de condición de refugiado: 130 mil 863 personas en 2021. Esto representa la tercera cantidad más elevada a nivel mundial, según el organismo de Naciones Unidas para los refugiados.
No obstante, a pesar de que el crecimiento de solicitudes ha sobrepasado el sistema de refugio en México, contrario a lo que se pensaría, el presupuesto destinado a las instituciones que atienden la demanda, ha disminuido. En consecuencia, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) enfrenta un atraso considerable en la atención de las solicitudes de condición de refugiado: en 2021, sólo procesó 38 mil 5 de estas solicitudes, es decir, una quinta parte de la demanda. Cabe mencionar que la agencia de la ONU para refugiados (ACNUR) reporta que paga muchos de los costos operativos básicos de la Comar, incluyendo las dos terceras partes de los salarios del personal: “La ACNUR aportó 4.5 millones de dólares en 2021 contra sólo, poco más de 2 millones de dólares que aportó el gobierno federal”. Además, sólo algunos gobiernos estatales brindan espacio para instalar oficinas y centros de refugiados.
Lamentablemente, a pesar de esta realidad, en la reunión entre los dos gobiernos, el tema de la política bilateral migratoria no fue la prioridad.
