La Fiscalía General de la República (FGR) busca que dos agentes de su Policía Federal Ministerial sean castigados por convalidar hechos falsos en lo que el sexenio pasado se denominó «la verdad histórica» del caso Iguala.
Se trata de Jaime Cabrera López y Elizabeth Juárez Luna, elementos con más de una década en la corporación.
La FGR pretende que sean procesados por los delitos de desaparición forzada de personas y falsificación de documentos, según confirmaron autoridades judiciales.
La Fiscalía ya solicitó al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente fijar hora y fecha para una audiencia de imputación contra los policías, luego de que el mes pasado se aplazara la diligencia porque ambos alegaron que no habían tenido acceso al expediente.
El caso contra los agentes está relacionado con un informe que suscribieron y que en apariencia ayudó a identificar y capturar a cuatro miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, presuntamente vinculados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Todo tiene su origen en una llamada telefónica anónima que la FGR recibió el 25 de octubre de 2014, en la que se denunciaron a algunos miembros y cómplices de Guerreros Unidos.
De forma vaga, el supuesto informante sólo los identificó como Patricio «El Pato», Salvador «El Chava», Amelia «La Mencha», un sujeto de nombre Agustín y otro apodado «El Cepillo» o «El Terco». Al único que ubicó con nombre y apellido fue a César Nava, ex subdirector de la policía de Cocula.
El mismo día, la fiscal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Blanca Alicia Bernal Castilla, giró un oficio de comisión a estos dos agentes para que viajaran a Guerrero a investigar el contenido del anónimo.
Cabrera y Juárez viajaron a Iguala y, un día después, la mañana del 26 de octubre, rindieron en la Ciudad de México un informe en el que detallaron la estructura del grupo Guerreros Unidos, citando como fuente a una señora de 60 años que atendía una tienda en Cocula.
La FGR considera que ese documento es la piedra angular de un montaje, pues derivó en capturas de presuntos narcotraficantes que luego fueron torturados y, a partir de sus dichos, la autoridad sospecha que fue construida una versión preconcebida del caso.
Con ese informe, el mismo día la SEIDO ordenó la localización y presentación de los aludidos y al día siguiente -27 de octubre- fueron detenidos Jonathan Osorio Cortés «El Jona», Patricio Reyes Landa «El Pato», Darío Morales Sánchez «El Comisario» y Agustín García Reyes «El Chereje».
La Fiscalía asegura contar con indicios de que la llamada anónima fue «sembrada».
Otro detalle que advirtió la FGR es que no hay evidencia de que los agentes viajaran a Guerrero para entrevistar a la mujer que, dicen, les reveló los alias o nombres de los supuestos delincuentes detenidos unas horas más tarde.
Pero ese no es el mayor inconveniente. El 27 de octubre por la tarde el entonces Procurador Jesús Murillo Karam y el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, ofrecieron una rueda de prensa a las 16:00 horas para informar sobre los detenidos y el contenido de sus declaraciones.
El problema es que los detenidos fueron puestos a disposición de la SEIDO a las 23:00 y 23:15 horas de ese día y declararon ante el Ministerio Público Federal hasta la madrugada del 28 de octubre.
Es decir, se divulgó información aportada por sujetos que legalmente aún no habían sido puestos a disposición ni declarado ante el Ministerio Público.
A los agentes se les señala como partícipes de la «fabricación» de lo que hoy el Gobierno descalifica como la «verdad histórica», porque supuestamente fueron instrumentos para darle un barniz de legalidad a actuaciones que habrían sido todo lo contrario.
Según informes del Gobierno federal, existen evidencias de que cuando a Felipe Rodríguez Salgado «El Cepillo» fue torturado por funcionarios, éstos le mostraron videos de los testimonios de los otros detenidos, lo que hipotéticamente habría inducido su confesión.
Y esa confesión bajo tortura, como las de «El Pato» y los otros mencionados, son parte toral de la investigación que llevó a cabo la FGR en el sexenio pasado sobre los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
